El Gobierno argentino lanzó un ultimátum al Grupo Clarín, mediante un spot publicitario, para que desinvierta y amenazó con llamar a concurso público por las licencias que detenta. El grupo editorial con una carta abierta.
En un spot oficial titula ‘7D’ el Gobierno
afirmó que si el Grupo Clarín no acepta la ley de Medios antes del 7 de
diciembre, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público.
l mensaje fue difundido durante una pausa
de Automovilismo para Todos y también en el Fútbol para Todos, antes del
comienzo del partido por el Torneo Inicial entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield,
a través de la televisión pública, en un spot propagandístico similar a los que
emitió en otras transmisiones oficiales de eventos deportivos contra los
gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba.
En esta ocasión, el spot fue firmado por la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y en él se
remarcó la fecha de 7 de diciembre como el día de la puesta en vigencia del
artículo 161 de la nueva ley de Medios, aprobada hace tres años y recurrida por
"inconstitucional" ante la Justicia.
El aviso recordó que el grupo editorial
tiene "más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV
abierta", todas adjudicaciones previas a la Ley de Medios y, sin atender a
que hay un amparo judicial vigente, consideró que esa empresa de comunicación
social configura "una verdadera cadena nacional ilegal".
Al remarcar como sigla "7D", en
alusión a la fecha del 7 de diciembre, la propaganda puntualizó que la letra
"D" aludía a "Diciembre, diversidad y democracia".
Contestación
Por su parte, Clarín contestó al spot desde
la web del diario, con un cruce entre lo que dice la publlicidad y lo que ellos
opinan, remarcaqndo que la ley es incosnticuional y que la ofensiva oficial es
para acaklllar las voces independientes.
A continuación, se reproduce el mismo.
Punto por punto, las falsedades del spot
oficialista
El Gobierno renovó su embestida contra el
Grupo Clarín. Esta vez lo hizo a través de una amenaza directa, mediante un
prolongado spot difundido en el Fútbol para Todos, en el que anunció que el 7
de diciembre planea quitarle licencias audiovisuales, pese a que está vigente
una medida cautelar avalada por la Corte Suprema. Más tarde, el Grupo Clarín
dio a conocer su posición mediante un video. Y aquí, el punto por punto de las
falsedades oficialistas.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"Queremos que marques un día en el
calendario: el 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora: 7D. La
"D" es de diciembre, pero también podría ser de Diversidad y
Democracia".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
¿Qué busca el Gobierno generando paranoia
con el 7D? Sabe perfectamente que ese día no debe suceder nada, ni jurídica ni
fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Sólo vence una medida cautelar.
Pero puede estar resuelto el juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de
ciertos artículos de la ley de medios. O bien la cautelar debe ser prorrogada
si el juicio de fondo no está terminado, como dijo la Corte Suprema de
Justicia. O, por último, puede empezar a correr el año de plazo que establece
el artículo suspendido hasta esa fecha, el 161. No es una interpretación: es lo
que dicen la Ley, la Justicia y todos los constitucionalistas. Por eso, de
confirmarse que el Gobierno quiere violar abiertamente lo que dicen los otros
poderes del Estado, ese día podría ser el de la Desprecio a la ley, el del
Despojo, el de la Destrucción de una de las pocas voces independientes que
quedan en los medios audiovisuales.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"Ese día, después de 3 años de su
aprobación en el Congreso entra, por fin, en vigencia uno de los artículos más
importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161. Que ordena la adecuación
para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de
voces y más libertad de expresión".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
El Gobierno se cansó de decir que ese artículo
no era relevante, de hecho figura como una cláusula transitoria en la ley. Se
cansó de decir que la ley no era contra nadie en particular sino para generar
nuevas voces, diversidad de opiniones, para darle más participación a los
medios comunitarios... Hasta ahora no pasó nada de eso sino todo lo contrario:
hay menos diversidad, el Gobierno colonizó más del 80% de los medios
audiovisuales de la Argentina, los medios comunitarios fueron excluidos, los
concursos de canales de TV fueron cancelados, la TV digital se entregó "a
dedo" sólo a los amigos. Con este spot el Gobierno confirma que la ley no
era para generar más voces ni diversidad, sino para callar a los medios que no
podía controlar. Un propio aliado del gobierno, como Daniel Vila, acaba de reconocer
que "la ley fue contra Clarín". Hoy casi los únicos medios
audiovisuales que quedan sin colonizar, como lo demostró la cobertura
televisiva de la manifestación del 13-9, son los del Grupo Clarín.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"Pero hagamos un poco de historia. El
10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una la antigua creada por la
dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿3 años? Sí, 3 años. Esta ley que
favorece la pluralidad de voces, evitando los monopolios establece un límite de
licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios y dispone,
justamente, en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen
un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), como órgano de aplicación y control. Hay que
recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas
cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación. Pero,
"nobleza obliga", tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron,
desde su origen al AFSCA como autoridad de control de sector y de aplicación de
la ley, salvo el Grupo Clarín".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
El AFSCA nunca se constituyó como marca la
ley porque el Gobierno, desde fines de 2011, no permite que la integren las
restantes fuerzas polìticas. El Grupo Clarín, como debe hacer cualquier
ciudadano cuando ve afectados sus derechos, acudió a la Justicia denunciando la
inconstitucionalidad de ciertos artículos y pidiendo su suspensión. En todas
sus instancias, la Justicia -incluyendo la Corte Suprema- le dio la razón para
suspenderlos por la verosimilitud del derecho invocado y el peligro inminente.
El Grupo Clarín cumple la ley en todos los aspectos no suspendidos, lo que no
sucede con la mayoría de los grupos paraoficiales o aliados del kirchnerismo.
Por el contrario, esos grupos -varios de los cuales tienen más licencias de
radio y televisión que el Grupo Clarín- deberían haberse adecuado a la norma
como máximo el 28 de diciembre del año pasado, según lo establecido por la ley
y la Corte Suprema. Ninguno lo ha hecho, ni hay ninguna constancia del AFSCA al
respecto.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"Prestá mucha atención. Por la ley
aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar como máximo en el
país, 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM,
FM o de TV abierta. Y el Grupo Clarín, cuántas tiene? Más de 240 sistemas de TV
por cable. Si, escuchaste bien: más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios
AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero
sigamos. A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de
medios iniciaron los trámites necesarios para cumplir con la ley. Y quién queda
sin aceptar la ley? Adivina? Sólo quedó el Grupo Clarín. ¿y entonces?".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
Con ninguno de sus medios el Grupo Clarín
está en situación ilegal, lo que sí sucede con otros grupos de medios que ni
siquiera han acudido a la Justicia. El Grupo Clarín tiene menos licencias de
radio (7) y televisión (4) que otros grupos nacionales y extanjeros que
deberían haber desinvertido el 28-12-11, pero como son aliados del gobierno, no
lo hicieron. Cablevisión opera a través de 158 licencias locales, muchas menos
que las 2.200 que cubren DirecTV, Telefónica o Telecom, en un caso de abierta
discriminación.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"El 22 de mayo de este año, la Corte
Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de
diciembre, el 7D como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, 3 años después,
sí 3 años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de
Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo: No reconoce al AFSCA como autoridad
de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación.
Se niega a cumplir con la ley".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
Clarín cumple la ley en todo aquello que no
está suspendido por la Justicia. En rubros como producción nacional,
programación infantil, publicidad, etc. los medios del Grupo son los que más se
ajustan a la ley. Clarín tiene suspendido el artículo 161, por lo tanto ninguno
de sus reglamentaciones puede aplicársele hasta que esa medida cautelar cese.
Clarín NO DEBE PRESENTAR ningún plan de adecuación pues el artículo que lo
contempla está completamente suspendido, como mínimo, hasta el 7/12. Clarín ha
denunciado que mientras el AFSCA no esté integrado como lo marca la ley carece
de la imparcialidad y la neutralidad necesarias para ejercer el poder de
control sobre los medios. Su actuación en 2011, cuando le impuso más del 90%
del total de multas del organismo, es una clara demostración de este trato
discriminatorio y persecutorio.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"De esta forma, el Grupo Clarín ignora
a los tres poderes de la democracia.
• Al ejecutivo, por no reconocer al AFSCA
• Al legislativo, por no querer cumplir con
una ley aprobada por el Congreso de la la Nación hace 3 años.
• Y al judicial, al desconocer los términos
del fallo de la Corte Suprema".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
Quien está ignorando flagrantemente, una
vez más, la división de poderes, es el Gobierno Nacional. Se burla del
Congreso, que sancionó una ley que debería estar operativa hace 3 años. Pero no
implementó los concursos ni generó nuevas voces, no se ocupó de los medios
comunitarios, usó la TV digital al margen de la ley para premiar a los amigos,
y ni siquiera aplicó el artículo 161 a los medios a los que debería habérselos
aplicado. Se burla de la Justicia, al desconocer abiertamente el fallo de la
Corte Suprema, según lo han ratificado todos los constitucionalistas del país.
LO QUE DICE EL GOBIERNO
"Pero, puede un Grupo empresario estar
por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no.
Por eso, si el Grupo Clarín se sigue
negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso
público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias
que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes deberán
cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino.
El Estado argentino no va a expropiar
medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de
comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el
cumplimiento de una ley que democratiza la información en los medios de
comunicación en la república argentina.
7 D de diciembre, de diversidad, de
Democracia".
LA POSICIÓN DE CLARÍN
Clarín es un grupo empresario nacional e
independiente con 67 años de trayectoria en el país, con 17 mil empleados y más
de $ 20 mil millones invertidos acá. Sus herramientas han sido y son la ley y
la Justicia. Su compromiso con las instituciones democráticas, su denuncia
frente a las actitudes autoritarias, el ejercicio del rol constitucional de
informar y de expresarse sin la tutela oficial, lo han llevado a ser
estigmatizado y perseguido por este Gobierno a través de todo el aparato del
Estado, que ya lleva más de 450 acciones directas e indirectas contra el Grupo.
Si el próximo 7/12 el Gobierno avanza ilegalmente contra los medios del Grupo,
estaríamos ante una lisa y llana confiscación para silenciar uno de los pocos
medios independientes que quedan en el país. Casi el único en el mundo
audiovisual.