El director del documental "Crude", Joe Berlinger, finalmente no deberá entregar a las autoridades judiciales estadounidenses todo el material no incluido en la versión final de ese filme, según decidió una corte federal de apelación de Nueva York, que apostó por mantener en suspenso la petición que al respecto había presentado la petrolera Chevron.
Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelación del Segundo Distrito en Nueva York decidió hoy mantener en suspenso la orden que obligaba a Berlinger a facilitar esas grabaciones y aceptó convocar a corto plazo una vista para escuchar los argumentos del cineasta, que no quiere difundir ese material.
A principios de mayo, el magistrado Lewis Kaplan había ordenado que Berlinger y los productores del filme entregaran más de 600 horas del rodaje de "Crude", una cinta que versa sobre esa disputa.
Tanto el juez Kaplan como la compañía de hidrocarburos consideran que esas grabaciones contienen datos que podrían ser determinantes para el conflicto que enfrenta a Ecuador y Chevron sobre la responsabilidad de daños al medio ambiente producidos en una zona de ese país andino.
En abril pasado, los creadores del documental buscaron amparo judicial en Estados Unidos para evitar que la petrolera lograra imágenes inéditas del rodaje.
Berlinger y el productor de "Crude", Michael Bonfiglio, presentaron entonces ante un tribunal del distrito en Nueva York una petición para impedir que los jueces les obligaran a entregar parte de su grabación a Chevron, alegando que les protege el derecho del periodista a no divulgar información de fuentes confidenciales.
La empresa de hidrocarburos había requerido ver todo el material grabado y no emitido en "Crude" por considerar que el director de la producción omitió deliberadamente hechos que podrían ser determinantes para la resolución de un caso que se prolonga ya por varios lustros.
La cinta relata la historia de unos 3.000 indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana que demandaron hace más de 15 años a Texaco, adquirida por Chevron en 2000, por un supuesto daño medioambiental causado en esa región durante el tiempo en que la petrolera extrajo crudo, de 1972 a 1992, junto con la firma estatal Petroecuador.
Los demandantes, amparados en un análisis pericial que es rechazado por la petrolera, exigen el pago de una indemnización de 27.000 millones de dólares para limpiar la contaminación en esa parte de la Amazonía y reparar el daño causado a la población.
Chevron ha argumentado que cualquier supuesto perjuicio generado por aquella explotación petrolera sería responsabilidad de Petroecuador.
Vía The Reporters Committee for Freedom of the Press
Corte de EE.UU frena divulgación de tomas inéditas del documental Crude sobre el caso Chevron en Ecuador