El pasado martes, el Congreso Nacional ratificó el acta que confisca la frecuencia del Canal 8. La decisión se tomó pese a una sentencia firme emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo que otorgó el derecho a la Sociedad Mercantil Teleunsa SA (Teleunsa).
El
gerente de Teleunsa, Elías Asfura, el diputado Oswaldo Ramos Soto y la
Asociación de Jueces y Magistrados aseveraron que se había cometido un delito
al aprobar el acta.
La
coordinadora de fiscalías Danelia Ferrera anunció una investigación.
"Estamos haciendo los estudios correspondientes a efecto de verificar si
deben iniciarse acciones y qué tipo de acciones por parte de las
instituciones”, expresó.
Hasta
que el decreto se convierta en ley al ser publicado en La Gaceta, la Fiscalía
contra la Corrupción y de la Constitución iniciarán el estudio a profundidad.
“En
estos casos actuamos de oficio. Primero tenemos que hacer un estudio del
decreto. No tenemos a mano el decreto y por ende no podemos adelantarnos a
decir absolutamente nada”, justificó. Información publicada en diario La Prensa.
Es de recordar que la legalidad de Teleunsa sobre la propiedad de la frecuencia de canal 8 quedó reflejada en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
"En agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), haciendo caso omiso de un fallo del juez, que había transferido los derechos de emisión en el canal ocho de una empresa privada, Teleunsa, los transfirió a la Oficina del Presidente (Zelaya)", cita el informe del Departamento de Estado.
Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) no asistieron al lanzamiento del Programa Nacional de Inversiones en protesta por la ratificación del decreto que permite la confiscación de la frecuencia de canal 8.