La emisora privada de televisión venezolana Globovisión debió pagar el viernes pasado una multa de USD2,16 millones para evitar un embargo sobre sus bienes que equivalía a cerrar sus puertas.
El gobierno de Chávez y medios de
comunicación privados han protagonizado una confrontación casi permanente, y
este capítulo se registra a pocas horas de que comience, el domingo 1 de julio,
la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre, en las que
competirán el actual mandatario y el opositor Henrique Capriles.
La multa fue impuesta en octubre de 2011
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que depende del Poder
Ejecutivo, por presuntas faltas en la cobertura de un motín carcelario que el
órgano fiscalizador consideró promotora del odio y la intolerancia y apologista
del delito.
Globovisión se enzarzó en una batalla legal
con Conatel acerca de la sanción, hasta que el jueves 28 el Tribunal Supremo de
Justicia se impuso al juzgado de la causa y ordenó activar un embargo sobre los
bienes de la televisora por casi el triple del monto original de la multa.
Según la ley de telecomunicaciones vigente,
una causal para cancelar la concesión a una estación de radio o televisión es
que sobre ella se haya ejecutado una medida de embargo.