El Gobierno de Murcia ha negado tajantemente que vaya a cerrar la Televisión Autonómica 7RM, aunque ha considerado necesaria una revisión del modelo actual de televisión pública para conseguir “una gestión más sostenible”.
El Ejecutivo regional
desmiente así el anuncio del vicesecretario de Estudios y Programas del PP,
Esteban González Pons, el pasado lunes en ‘La Linterna’ de la cadena Cope en el
que decía que esta empresa podría cerrar “si no mañana, pasado” y, tras el
revuelo generado por esas declaraciones, pidió disculpas y aseguró en su cuenta
de Twitter que se trató de “un ejemplo y no de un anuncio”.
El Gobierno regional ha
indicado en un comunicado que “no es posible continuar manteniendo” esta
televisión con un elevado coste para el presupuesto autonómico en estos
momentos de crisis económica.
Por eso, ha indicado que
el Gobierno está manteniendo contactos con la empresa concesionaria de esta
televisión pública, GTM, para solucionar esto y ha dicho que se están valorando
dos opciones: la privatización del servicio o la continuación del modelo actual
de televisión pública gestionada de manera indirecta por GTM.
En este último caso, sería
“necesario renegociar”, han dicho, el contrato actual con la empresa
concesionaria para reducir el importe actual. En el caso de implantar un modelo
privado, se realizaría convocando un concurso público para la privatización de
la licencia de la Televisión Pública Autonómica, medida que sería posible a
partir de la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual,
pendiente de publicación en el BOE para su entrada en vigor.
El Gobierno regional ha
resaltado que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero que se
están manteniendo contactos con GTM y realizando análisis y valoraciones de las
dos alternativas, pero ha anunciado que la decisión se tomará antes del 31 de
agosto. Asimismo, ha apostado porque sean los trabajadores los “primeros en
conocer la decisión del Ejecutivo autonómico al respecto y su calendario de
desarrollo” y ha prometido que velará por el “respeto a los derechos de los
trabajadores y el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo”.
Y es que, según han
indicado, el Gobierno murciano “está obligado” a adoptar medidas de reducción
de gastos para lograr el objetivo de déficit en el 1,5% del PIB exigido por el
Estado, medidas que afectan negativamente a los empleados públicos de la
Comunidad y a otros colectivos de la Región.
Fuente: Efe