
El decreto buscaba preservar el Plan Cardales, lanzado en 2009 y que universalizaba el acceso a la telefonía fija, Internet y televisión por cable. La iniciativa, impulsada durante el gobierno de Tabaré Vázquez, no avanzó en la gestión de José Mujica.
Cuando el Poder Ejecutivo canceló el permiso a Telmex, en el mercado la medida se leyó como proteccionista para el operador estatal Antel, que mantiene el monopolio de servicios fijos de telecomunicaciones.
De acuerdo con el presidente de Signals Telecom Consulting, José F. Otero, las primeras consecuencias de la medida judicial que serán una fuerte oposición por los operadores actuales de TV Paga.
El especialista agregó que la decisión del TCA llega después de un decreto presidencial del 31 de diciembre de 2012 que impone un 25% de tope nacional de mercado para los servicios de TV Paga (35% para operadores regionales). Esta decisión también se entendió como proteccionista frente al futuro lanzamiento de IPTV por parte de Antel, además de poner un freno en el monto de inversiones de empresas extranjeras para modernizar sus redes.
Según Otero, un tope de participación de mercado previene la consolidación en Uruguay, un fenómeno que tiene lugar en el segmento de TV Paga en varios mercados de América Latina.
Fuente: STNews