Asimismo, instruyó "al Tribunal de Tasaciones de la Nación a estimar el justiprecio de los bienes" de la Compañía.
El Decreto también estableció que "los créditos que la AFIP tuviera contra Compañía de Valores Sudamericana se afectarán a la compensación" de los mismos, "disponiéndose la suspensión respecto del pago de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la Seguridad Social, sus intereses y multas".
Además, se determinó que Casa de Moneda debe asumir "la incorporación del personal de Compañía de Valores Sudamericana a su planta", y continuar "con la explotación de los activos de la referida empresa, asumiendo todas las obligaciones asociadas a dicha explotación".
También se fijó que la AFIP, una vez "cumplido el procedimiento expropiatorio, transfiera de forma definitiva los bienes, incluyendo el inmueble en que se asiente su planta", a Casa de Moneda, "facultándosela a dictar los actos administrativos necesarios a los fines del cumplimiento de la inscripción de los bienes para perfeccionar dicha transferencia".
Por otra parte, se precisó que la actual intervención de la ex Ciccone "finalizará una vez completado el proceso de expropiación".
El Decreto fue comunicado al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 y lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán G. Lorenzino.
En los considerandos expresa que corresponde profundizar las acciones destinadas a la concreción de los objetivos perseguidos con la Ley Nº 26.761, mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A. y se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a ejercer todos los derechos que la titularidad de los bienes del objeto expropiado.
