A fines de marzo el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), órgano estatal regulador del sector, emitió un acuerdo en el que ordena a las empresas telefónicas y de servicios de Internet someter a su aprobación el nombramiento de directores y gerentes de informática, sistemas y seguridad.
Ese acuerdo es rechazado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), principales del país, bajo el argumento que el Gobierno se inmiscuye en terrenos privados utilizando normas que atentan contra la Constitución nicaragüense y once leyes nacionales.
El Cosep, en manos de su presidente José Adán Aguerri, presentó en estos días un recurso de revisión ante Telcor sobre ese acuerdo y, en caso de no prosperar, adelantó que presentarán su protesta ante el presidente del país, Daniel Ortega, y la Corte Suprema de Justicia.
La Asociación de Internet de Nicaragua expresó, por su lado, que esas "medidas no tienen precedentes y lesionan los derechos de las Sociedades Anónimas en el país, ya que es competencia exclusiva de la Junta Directiva nombrar a sus gerentes y directores".
La oposición política nicaragüense también se ha manifestado contra ese acuerdo y solicitaron en el Congreso una interpretación de la Ley de Telecomunicaciones, porque consideran que esa no es una atribución de Telcor.
