El amparo de la familia Ciccone, que retiene el 30% de las acciones de la imprenta, se concretó apenas 36 horas después de que otro fuero, el Comercial, rechazara que el Gobierno pretenda avanzar con una expropiación selectiva de algunos bienes físicos por $ 275 millones, según señala el diario La Nación.
Los Ciccone rechazan los pasos dados por el Gobierno desde que intervino la imprenta en agosto pasado. En particular, por modificar los bienes a expropiar, impedir su participación en el proceso administrativo, completar una tasación unilateral y sin control, y determinar las deudas a través de la AFIP y por fuera del concurso y la ley de concursos y quiebras.
La familia también objeta al Gobierno por impulsar un convenio de avenimiento en el que dos áreas distintas del Estado firmaron como expropiante (la AFIP) y expropiado (el Ministerio de Economía, como interventor), y también por transferir ciertos bienes físicos de la compañía a la Casa de Moneda.
Tras calificar lo ocurrido como "arbitrario, inconstitucional e ilegal", los Ciccone concluyeron que más que una expropiación se trató de una confiscación, ya que se avanzó sobre sus bienes "sin pago de la previa y justa indemnización", sin sentencia previa.