El Gobierno de Argentina denunció judicialmente a los diarios Clarín, La Nación y La Razón por la supuesta adquisición irregular de sus acciones en la empresa papelera Papel Prensa, basándose en el informe elaborado por los representantes estatales en la compañía.
El
decreto 1210, publicado en el Boletín Oficial, señala que "la venta de una
parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón se
concretó en circunstancias oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de
sus acciones a un precio irrisorio".
Así,
el Gobierno instó, a través de este documento, al procurador Joaquín Da Rocha a
que intervenga "en las causas relativas a prácticas desleales, actividades
monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado en su carácter
de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa, así como
en todas aquellas que pudieran surgir de las investigaciones".
En
la misma línea, solicitó la presencia del secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde, "como parte querellante en las causas que resulten y
en las que investigue la comisión de delitos de lesa humanidad", al
considerar que la producción de Papel Prensa debe ser calificada "de
interés público" para facilitar el acceso de todos los medios de
comunicación a esta materia prima y garantizar así el respeto al derecho a la
información.
Con
esta decisión, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cumplió con su
amenaza de denunciar al Grupo Clarín y al diario La Nación por la supuesta
adquisición irregular de sus paquetes de acciones en Papel Prensa que
representan el 49% y el 22,5%, respectivamente, frente al 27,5% que posee el
Gobierno, aunque aumentó el número de demandados incluyendo a La Razón.