La aprobación de la Ley contra el Racismo y su reglamento, que establecen sanciones disciplinarias o administrativas para quienes difundan mensajes e ideas racistas, constituye sólo el primer paso que da el gobierno en su cruzada por garantizar el derecho ciudadano a la información.
El próximo reto es comenzar a trabajar una Ley de los Medios
de Comunicación desde el 8 de enero de 2011, reveló el director General de la
Administración Pública Plurinacional del Ministerio de Culturas Idón Chivi.
Idón Chivi recordó que la ley y su reglamento son la
consecuencia de acontecimientos que demostraron que “algunas élites mantienen
actitudes racistas”. El 11 de enero de 2007 estudiantes y campesinos se
enfrentaron en Cochabamba; el 24 de mayo de 2008 campesinos fueron vejados y
humillados por estudiantes universitarios en el centro de la ciudad de Sucre.
También es parte del contexto la masacre de 10 personas el 11 de septiembre de
2008 en Pando.
Chivi aseguró que algunos medios de comunicación destinaron
hasta 16 horas diarias para criticar la Ley. “Esta discusión resultó un gran
negocio para los medios que practican el racismo, pues el gobierno ha tenido
que explicar la ley y responder a algunas alusiones con publicidad,
precisamente en los medios de comunicación que más practican racismo”.
Informó que desde que entró en vigor la Ley 045, el 8 de
octubre de 2010, se celebraron nueve jornadas de consulta para reglamentar la
norma, una en cada departamento. “Hemos recibido unas 300 propuestas, orales y
escritas, así como tres propuestas integrales que fueron presentadas por el
Defensor del Pueblo, la Red de Derechos Humanos y la Red Erbol”.
El equipo técnico responsable de la reglamentación concentra
su atención en dos puntos: “la difusión o autorización de mensajes racistas” y
“el dolo o la intención manifiesta de difundir ideas racistas”. Se discute
sobre todo el nivel disciplinario o administrativo, pues el otro ámbito,
mencionado en el artículo 23 de la ley (incorporación de las disposiciones del
Código Penal a la Ley 045), es administrado directamente por el Poder Judicial.
“Uno de los temas que discutimos es la suspensión temporal o
definitiva de las licencias de radios y canales de televisión”, indicó Chivi.
Se toman en cuenta las legislaciones de España, Argentina y de otros países que
también sancionan la difusión de ideas racistas. Además, se atiende la
recomendación del representante del Alto Comisionado de la ONU en Derechos
Humanos Denis Racicot, quien subraya que la libertad de prensa no debe ser
utilizada con fines de discriminación o racistas.
Chivi aclaró que el reglamento de la Ley 045 sólo
establecerá sanciones administrativas para los periodistas que comentan faltas;
en lo que se refiere a delitos, la responsabilidad de juzgarlos corresponderá a
los fiscales y jueces.
Es de recordar que los gremios de la prensa decidieron no
participar en el proceso de reglamentación de la Ley 045, que debería estar
concluido el 8 de enero de 2011, porque el Senado no tomó en cuenta sus propuestas iniciales.
