Brasil revoca 111 concursos inconclusos de radio y TV

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil (MiniCom ) decidió revocar 111 concursos de radio y televisión abierta entre 1997 y 2002 para diversas regiones del país que no habían concluido.

La orden publicada en el Diario Oficial de la Unión lleva la relación de las ofertas canceladas. La mayoría de los procesos son las emisoras de radio AM y FM, de las cuales sólo cuatro son para las estaciones de televisión. 

La decisión tiene en cuenta una serie de factores que han causado casos que permanecen por años sin la decisión final. La mayoría de los procedimientos anulados, 93, se enmarcan en dos situaciones: no hay interesados o los competidores fueron inhabilitados o descalificados. Existen otros 18 casos cancelados por falta de seguridad jurídica.

Según el secretario de Comunicación Electrónica del MiniCom, Genildo Lins, el principal objetivo de la medida es beneficiar a los propios postores que concursan por la concesión para ejecutar los servicios de radiodifusión, ya que había impedimentos para la conclusión de los procesos. Explicó que todos los involucrados fueron previamente comunicados de la decisión.

El pedido de revocación de la licitación establece el tiempo entre el 20 y 31 de mayo para los licitadores para ver los procesos. Los registros estarán disponibles en el Servicio Público del Ministerio de Comunicaciones en Brasilia. En cuanto a las posibles manifestaciones de las partes, el plazo es de cinco días, entre el 3 y el 7 de junio.

Córdoba impulsa la ley de Macri a favor de los medios

Tras pronunciarse contra el "avance del Gobierno nacional sobre los medios" y de advertir sobre la posible intervención del Grupo Clarín, el gobernador José Manuel de la Sota elaboró un proyecto de ley para dar protección a los medios de comunicación en Córdoba, que anunciaría hoy antes de enviarlo a la Legislatura provincial.


Según confiaron fuente del gobierno mediterráneo, el texto que anoche terminaba de pulir el jefe de Gabinete, Oscar González, tenía similitud con los objetivos de defender la libertad de prensa y de expresión que dieron fundamento al decreto que emitió Mauricio Macri en la Capital. El jefe porteño había llamado a los gobernadores a tomar medidas similares en sus provincias.

“El avance de este gobierno sobre las instituciones, la Justicia, el federalismo y los medios de comunicación ha sido una constante a lo largo de la historia del kirchnerismo”, sostuvo ayer el gobernador. Y agregó: “La amenaza sobre los medios independientes, con la posible intervención al Grupo Clarín y Papel Prensa, constituye un ataque a la libertad de expresión, las garantías individuales y la propia democracia”.

Chile excluye a indígenas en consulta de TV Digital

La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, cuestionó la actitud gubernamental de excluir a los pueblos indígenas de Chile en el proceso de consulta sobre la elaboración del proyecto de ley de TV digital terrestre. 

En un pronunciamiento suscrito conjuntamente con el Centro de Políticas Públicas, la CLACPI denuncia la existencia de un Informe oficial del Gobierno chileno que hasta el momento "se mantiene inaccesible para los pueblos indígenas, contra todo principio elemental de transparencia", por lo que exigieron que se haga público y que se explique las razones "que llevaron al Gobierno a la arbitraria conclusión de que no correspondía consultar".

Según la organización, la revelación realizada por el Asesor Especial sobre Asuntos Indígenas del Gobierno de Chile, el Sr. Matías Abogabir, en el marco de la llamada "Mesa de Consenso" que está elaborando un Reglamento de Consulta" es grave y atentatoria, porque se los excluye de la consulta a pesar de que la Ley de Televisión Digital Terrestre alude también a aspectos que pueden "tener impactos diferenciados sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que por lo tanto, el estado debe tomar especiales medidas para salvaguardar tales derechos". Una de esas medidas especiales es la consulta previa.

De manera concreta, señalan que con respecto a los impactos diferenciados de la Ley de Televisión Digital en los derechos de los pueblos indígenas, la "CLACPI presentó en enero de 2012 un informe extenso ante la Comisión del Senado que analizaba el proyecto de Ley de Televisión Digital, señalando expresamente que el "proyecto de ley conecta con derechos y medidas relativas las formas de comunicación de los pueblos indígenas, establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena 19.253, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos indígenas, y otros instrumentos internacionales".

Así también expresan que para "los pueblos indígenas la TV Digital y la transformación cultural representan una amenaza y, al mismo tiempo, una oportunidad. La TV Digital, sin medidas de resguardo, constituirá una amenaza si persisten las relaciones de subordinación, en las que nuestras sociedades se verán expuestas como nunca antes al acoso cultural y lingüístico de la sociedad mayoritaria. La TV Digital, al mismo tiempo, es una oportunidad para el pluralismo cultural, y a partir de esto debieran cumplirse las obligaciones estatales de garantizar el pluralismo étnico".

Por ello, agregan que la CLACPI, conjuntamente con otros actores, ha realizado gestiones para que se incorpore al proyecto de ley algunas recomendaciones "para salvaguardar mínimamente algunos derechos, aunque no en el rango y alcance deseable, ni considerando la legislación comparada que ya existe en países como Nueva Zelanda, Noruega o Argentina. Mejorar el proyecto de Ley en este aspecto debía ser el objetivo de un proceso de consulta".

Frente a esta realidad, los representantes indígenas exigen del Gobierno dé a conocer el Informe "y adopte las medidas para reparar el daño, reponiendo y reforzando las indicaciones al proyecto de Ley de Televisión Digital en relación a lenguas y derechos de comunicación de los pueblos indígenas".

Buenos Aires saca Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, emitió ayer un decreto de necesidad y urgencia por el que crea el Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión. 

La norma tiene lugar en medio de disputas judiciales entre el Grupo Clarín, el principal multimedio del país, y el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual conflicto que deberá dirimir la Suprema Corte de Justicia.

Cabe interrogarse sobre la validez legal de la propuesta de Macri que busca posicionarse por sobre una ley del Congreso Nacional, ya que el decreto se basa en una cuestión de territorialidad, es decir, abarca a los medios con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, como Clarín y La Nación. El decreto es válido por 30 días, periodo durante el cual deberá ser tratado por la Legislatura porteña.

El decreto de Macri contempla varias garantías ya incluidas en la Constitución Nacional como la libertad de expresión. En su artículo 12 establece que “a efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de expresiones, información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la Ciudad a buscar, recibir y acceder información a expresiones, información, opiniones e ideas de su libre elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno Nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de imprenta, prensa y expresión”.

El texto también indica que “los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo activo o bien necesario para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas”.

En su artículo 18 establece que “ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para difundir sus expresiones, información, opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus órganos de administración”. Días atrás, funcionarios del gobierno nacional participaron de una asamblea de accionistas de Grupo Clarín.

Uno de los primeros en salir al cruce del decreto fue Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), entidad del Ejecutivo nacional que debe poner en marcha lo estipulado por la Ley de Medios. El funcionario señaló que el anuncio de Macri no es serio.

Uruguay tramitará nueva Ley de Medios

En los próximos días, el Congreso de Uruguay iniciaría el trámite de un proyecto elaborado por el gobierno que apunta a la aprobación de una nueva Ley de Medios.

Así anunció el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, quien dijo que la propuesta legal será remitida al Congreso. 
Según ha explicado el funcionario de la presidencia, la nueva norma busca unificar todas las disposiciones vigentes y, aparentemente, no apunta a los contenidos, sino a la democratización y explotación de las ondas, que pertenecen al Estado, pero que históricamente son manejadas por privados.

El proyecto tendría 185 artículos que no se han hecho públicos porque en esferas del Gobierno se considera un tema delicado que roza intereses de sectores económicos muy influyentes.
El presidente José Mujica ha dicho en alguna oportunidad que no se trata de limitar la libertad de expresión, y el sector del vicepresidente Danilo Astori se ha pronunciado en contra de regular contenidos.

El partido Socialista, al que pertenece el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, propone "normas de exigencia mínima de cumplir con determinados parámetros de calidad" de los contenidos culturales, mientras que el Partido Comunista considera que deben "democratizarse" los medios de difusión para abrir el espacio a nuevas voces.
La iniciativa lleva dos años de elaboración y, según Guerrero, está prácticamente lista para ser remitida al Congreso. Fuente: El Universal

Sigen apoya expropiar 24% de Papel Prensa

El síndico general de la Nación, Daniel Reposo, apoyó el proyecto para expropiar 24% de las acciones de Papel Prensa y denunció que el Grupo Clarín, uno de los accionistas privados de la compañía "oculta" irregularidades cometidas durante la administración a su cargo.

“Estamos trabajando en el ámbito de la comisión fiscalizadora. La semana pasada hicimos una denuncia por distintas irregularidades de las tantas que tiene la empresa y que el Grupo Clarín está ocultado. La evasión del grupo es cuantiosa‘, afirmó Reposo en diálogo con Radio América.

En referencia al proyecto que impulsan los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, entre otros, sostuvo: “Hay que recordar que Papel Prensa es de todos los argentinos. El Estado es dueño de parte de esta sociedad y es muy difícil cuando está manejada por el Grupo Clarín y el diario La Nación que hacen caso omiso a la ley. No sólo no han invertido sino que ha permitido que se vaya mucho dinero en dádivas. Además, hay una política donde lo único que hacen es generar gastos y eso se traslada al precio".

El funcionario explicó que la presentación que hizo la Sigen fue "porque en la asamblea no estaban ni (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto ni (el director del holding, Lucio) Pagliaro y corresponde una sanción". En ese sentido, sostuvo que los empresarios del grupo “tienen casi la mitad de su patrimonio para luchar contra el Gobierno" y calificó a esa situación como "demencial”.

Intervendrían Cablevisión, no el Grupo Clarín

Tras las denuncias de Adepa, Clarín y La Nación que desde hace tres días la intención del Gobierno de intervenir el Grupo Clarín, la Comisión Nacional de Valores (CNV) analizaría "sólo" la situación de Cablevisión  por varios incumplimientos, como no facturar con la tarifa fijada por el Gobierno.

Fuentes gubernamentales indicaron a gacetamercantil.com que la mira está puesta en la empresa de cable por varios incumplimientos, entre ellos la tarifa del servicio.
Además, Cablevisión genera más del 50% de las ganancias del Grupo Clarín, por lo que su intervención sería un duro golpe para el multimedios.
La CNV, que dirige Alejandro Vanoli, está buscando datos y para eso envió trece pedidos de información sobre distintos asuntos societarios.
El "Grupo Clarín" hizo saber desde el fin de semana que Vanoli "está buscando una excusa para avanzar sobre las firmas del multimedio" y que la información ya fue entregada o es pública.
Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada hubo once requerimientos sobre estados contables, nóminas de sociedades controladas y vinculadas e informes de obligaciones negociables, informó el diario La Nación.
No obstante, las fuentes aclararon que "por ahora" las infracciones halladas corresponden a "Cablevisión" y no al resto de los medios del grupo.

Afsca apeló ante la Corte el fallo de la Ley de Medios

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) presentó el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el último fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Así lo confirmó un comunicado divulgado hoy por la Afsca, en el que también se informó que la Jefatura de Gabinete realizó esta mañana una presentación similar ante el máximo tribunal. 

"Ambos pedidos solicitan la apelación al fallo de la Cámara Civil y Comercial, que el pasado 17 de abril declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 45 y del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de medios", señaló la autoridad de aplicación de la ley de Medios en el texto de su comunicado.

ONU sugiere a Honduras cambios en Ley de Telecomunicaciones

El relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, recomendó este martes a Honduras separar el tema de contenidos del de las frecuencias, en una Ley de Telecomunicaciones que promueve el gobierno de Porfirio Lobo y que medios locales tildan de “ley mordaza”. 

“Hay realmente dos temas distintos que se estaban tratando en una misma ley (…) un tema es la modernización y actualización de la legislación relativa al manejo de las frecuencias (…)y el otro tema es el del contenido de las telecomunicaciones”, afirmó el guatemalteco en una charla con periodistas en la sede de Naciones Unidas en el este de la capital.

“Los dos temas son importantes, pero es importante separarlos, un tema no va relacionado necesariamente con el otro”, subrayó.

La Rue arribó el lunes a Honduras para dar “aportes técnicos” en la discusión de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que impulsa el gobierno.

El experto se reunió con miembros del Congreso que tramita el proyecto y con el presidente Lobo.

Según el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, el proyecto contiene 14 violaciones a la Constitución y afronta la oposición de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, los empresarios y otros sectores.

El plan busca redistribuir las frecuencias del espectro radioeléctrico, radioemisoras, televisoras y telefonía y crea un organismo estatal de control de los contenidos de la prensa.

Lobo ha eliminado exoneraciones fiscales a los medios de comunicación para atacar lo que llama “triángulo perverso”.

Clarín apela ante la Corte fallo por Ley de medios

El Grupo Clarín presentó un recurso extraordinario federal, para que la Corte Suprema revoque parte del fallo de la Cámara Civil y Comercial y declare la inconstitucionalidad de la intransferibilidad de las licencias, su régimen de multiplicidad y el plazo de adecuación a la nueva normativa, porque restringen la libertad de expresión. 

Si bien la apelación destaca la importancia del fallo que la Cámara dictó el mes pasado sobre la causa de fondo, cuestiona que se declaró la constitucionalidad de los artículos 41 y 161, así como de parte del 45. “Prohibir totalmente la transferibilidad de las licencias resulta una medida desproporcionada y arbitraria, que no persigue ningún objetivo estatal identificable”, planteó el abogado del Grupo Clarín, Damián Cassino. El fallo de los jueces Ricardo Guarinoni, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras declaró la inconstitucionalidad de la parte central del artículo 45, porque establecía un régimen de licencias discriminatorio, que le quitaba sustentabilidad a los medios privados. Ese artículo de la ley limitaba arbitrariamente las licencias que no usan el espectro radioeléctrico, como los cables y las señales audiovisuales; a las empresas de TV satelital les permitía llegar a 2.200 ciudades, mientras que a los cables sólo a 24; permitía a los estatales cubrir todo el país, pero los privados solo podían tener el 35%; así como impedía tener un canal de TV abierta y una operación de TV por cable en una misma ciudad. Estas limitaciones no tenían antecedentes internacionales y fueron declaradas inconstitucionales. 

Pero el fallo de Cámara no contempló los exiguos límites a licencias que utilizan espectro radioeléctrico, cuyas frecuencias han sido multiplicadas por la digitalización tecnológica. En muchos lugares existe espacio en exceso para la instalación de nuevas voces sin que esto afecte la pluralidad. Por ejemplo, los concursos de TV digital que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) organizó en los últimos años quedaron desiertos por falta de oferentes. Otras legislaciones, en lugar de establecer límites absolutos para las frecuencias de un operador, realizan un análisis en términos relativos: le permiten tener una cantidad flexible de radios o estaciones de TV, definida en relación a los competidores que funcionan en la misma área.

También se pidió la inconstitucionalidad del artículo 161, que estableció el plazo de adecuación, ya que afecta derechos adquiridos y desconoce licencias vigentes con varios años por delante. De hecho, dos meses después de sancionada la ley de medios, el Congreso ratificó el Decreto 527 que dictó Néstor Kirchner en 2005, que prorrogó diez años más todas las licencias vigentes, plazo que se sumó a la duración de todas las licencias. Esa ratificación parlamentaria deroga el artículo 161, que pretende la desinversión en un año. Fuente: Clarín

Honduras prepara ahora autorregulación en contenidos

Luego de que el Congreso de Honduras descartara un proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones promovido por el Ejecutivo, conocido como “ley mordaza”; dueños de medios de comunicación, periodistas, Iglesias y el Congreso Nacional crearon una comisión para avanzar en crear mecanismos que velen por la autorregulación.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, descartó la conformación de un comité para regular los contenidos y señaló que en charlas con periodistas y empresarios perfila el tema hacia un acuerdo de autorregulación como el que han alcanzado los medios de comunicación de países como Chile, Perú, España, El Salvador, México y Colombia. 

En la reunión participaron empresarios atendiendo una iniciativa del presidente del Legislativo. También tuvo la participación del presidente del Colegio de Periodistas, Juan Ramón Mairena, la Iglesia Católica y la Evangélica.

El grupo adelantó que la próxima semana la AMC presentará un proyecto para la autorregulación de sus medios afiliados, ya que esta organización ha avanzado en el tema revisando modelos que las asociaciones o federaciones de medios en otros países han creado y resultado exitosa.

Para que las asociaciones y los medios enriquezcan sus propuestas de autorregulación, el Congreso entregó algunos acuerdos hechos en otros países donde se ha adelantado en el tema sin afectar la libertad de expresión.

Los representantes de los medios pidieron al Congreso evitar que estos temas caigan en la politización por la proximidad de períodos electorales.

Presentan el viernes Ley de Servicios Audiovisuales en Uruguay

La Ley de Servicios Audiovisuales que ingresará el viernes al Parlamento de Uruguay "...no va a dejar a nadie conforme”, confió a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo. 

El texto, que tiene unos 185 artículos, fue discutido durante casi dos años y finalmente llegará al Poder Legislativo en las próximas horas. Primero hubo una consulta popular. Luego la redactó el Ministerio de Industria. Y en los últimos días un equipo integrado por el prosecretario Diego Cánepa, el ministro Roberto Kreimerman y el subsecretario Edgardo Ortuño (Industria) terminaron de afinarla con las correcciones ordenadas por el presidente José Mujica.

Según supo El Observador, el último tramo de preparación de la iniciativa se hizo con mucho cuidado para evitar filtraciones. Por ejemplo, no hubo versión digital y todos los cambios se hicieron en papel.

La iniciativa que ingresará sobre el fin de esta semana al Parlamento establece algunas regulaciones sobre los contenidos pero muy menores. Por ejemplo, definirá que un porcentaje determinado del total de minutos al aire de los canales de televisión deberá ser de producción nacional.

Por otra parte definirá explícitamente cuales son las imágenes violentas que no se podrán emitir en horario de protección al menor. Eso puede limitar las noticias policiales de los informativos, que por un decreto fueron incluidos dentro de ese horario.

En el debate del Poder Ejecutivo solo queda un aspecto a definir: qué hacen con las empresas telefónicas que quieren participar en el mercado audiovisual. Claro brindará servicio de televisión satelital en los próximos meses y el gobierno analiza si impedirlo al negarle la posibilidad a las telefónicas de obtener licencias televisivas.

AFSCA entrega licencias y acepta adecuaciones

En una nueva reunión del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se adjudicaron autorizaciones y licencias a 16 radios.

Dos de frecuencia modulada serán entregadas para comunidades originarias santiagueñas del pueblo Vilela, en Quimilí y del pueblo Sana Virón, en Estación Pinto; una para la Universidad Tecnológica Nacional, en Río Grande, Tierra del Fuego; y 13 comunitarias de las provincias de Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chaco y Jujuy.

También se aprobó un servicio de cable, en Capitán Bermúdez, Santa Fe, y se habilitaron 6 servicios audiovisuales que habían recibido adjudicación previamente: 2 circuitos cerrados comunitarios en Corrientes y Entre Ríos y 4 emisoras de FM en Santa Fe y Buenos Aires. 

Además se resolvieron otras 11 propuestas de adecuación, de las cuales 5 se admitieron -entre ellas la de DirecTV Argentina- y otras 6 se determinó que no transgreden el límite de licencias ni las cuotas de mercado permitidas por la ley de medios.

No se trataron las propuestas de Telecentro SA y la de Supercanal SA, Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano, que seguirán en análisis de los directores, ni la del Grupo Telefé, que continúa en estudio en las áreas técnicas del AFSCA.

México aprueba reforma de telecomunicaciones

El Senado de la República de México aprobó en lo general y particular, la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica con 108 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. 

Durante la sesión de este martes 30 de abril, el senador del Partido Acción Nacional, Javier Corral, alertó sobre la ambigüedad en la redacción del artículo 28 de la iniciativa, en su apartado correspondiente a la suspensión de amparo, que sustituye la expresión “las resoluciones” por “éstas”; a decir del legislador, la redacción anterior “abría la puerta a la alta litigiosidad”. 

Previamente, al presentar el dictamen de las comisiones dictaminadoras, el senador priista Raúl Cervantes, recriminó la modificación hecha por la Cámara de Diputados y afirmó que en la discusión en San Lázaro no hubo argumento alguno para realizarla.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y también senador por el PAN, Javier Lozano insistió en que dicha modificación se trataba de “una nimiedad, un cambio ocioso”. Posición que respaldó su compañero de bancada, Roberto Gil Zuarth quien expresó que quienes fueron a la facultad de derecho entienden que el cambio es nimiedad, “incluso ridículo”, y que el verdadero objetivo es que los diputados querían dar la percepción de “corregirle la plana al Senado”.

De nuevo, Corral tomó la palabra y acusó a Gil de estar actuando en defensa de intereses de particulares en lugar del bien de la sociedad. “Hay que decir que Gil es brillante, pero hay que agregar, que lástima, porque esos conocimientos que deberían de volcarse al interés público se vuelvan, a veces, para defender los intereses particulares”.

Así, los senadores del PRI y del PRD, vieron pasar acusaciones entre más panistas, pues Lozano dijo que la posición de Corral era por protagonismo, y Jorge Luis Preciado, senador por Colima, defendió la modificación. El perredista Miguel Barbosa, pidió moción de orden y el senador del PVEM, Pablo Escudero, solicitó desahogar la sesión. “es muy interesante el debate entre los panistas, pero tenemos otras cosas”. Finalmente, con 108 votos a favor; tres en contra (Manuel Barttlet, Ana Gabriela Guevara y Layda Sansores) y dos abstenciones (David Monreal y Martha Palafox), la Cámara Alta avaló la minuta.

Detrás de la aprobación histórica de ésta reforma, está la lucha de periodistas y académicos por décadas. Entre las reformas constitucionales aprobadas esta tarde, destacan los derechos de audiencias y usuarios de telecomunicaciones, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), se otorga mayor autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica, y se elimina la figura de permisos, para establecer concesiones de tipo social, así como indígenas y comunitarias.

La Mesa Directiva remitirá la reforma en materia de Telecomunicaciones a los congresos estatales, la cual, al ser constitucional deberá ser aprobada por al menos 17 congresos locales para su ratificación

FleishmanHillard presentó nueva marca

La agencia global de comunicaciones FleishmanHillard presentó su nueva marca y logo, firmados con el lema “el poder de la verdad” y una revista digital llamada TRUE, en la que tratará temas de interés para responsables de imagen, reputación y comunicación. La actualización de marca también incluyó borrar el guión que separaba al nombre de los fundadores de la empresa, conformando una palabra compuesta: FleishmanHillard.


La firma indicó que esta nueva identidad de marca acompaña su evolución para ser la empresa de comunicaciones más completa del mundo, y enfatiza el concepto de la verdad.

“La verdad habla de nuestro compromiso con los más altos valores éticos y nuestra capacidad única de ayudar a los clientes a navegar un mundo que conlleva exigencias sin precedentes de autenticidad y transparencia”, explicó Dave Senay, CEO de la empresa con sede en St. Louis, Missouri. 

Algunos clientes de servicios integrados de comunicación de la empresa incluyen la Oficina de Turismo del Estado de Connecticut, el Instituto de Petróleo de Estados Unidos, el Centro Kennedy, la cerveza Kraftig, la campaña para dejar de fumar de Rusia y Philips, entre otros. “Nuestra propuesta es ofrecer soluciones integradas para resolver los desafíos de negocios de nuestros clientes, llegando a todos los públicos, con todos los mensajes, a través de todos los canales posibles”, agregó Darío Cutin, director ejecutivo de servicio al cliente para Latinoamérica de FleishmanHillard. 

FleishmanHillard tiene más de 80 oficinas en 29 países, más afiliados en otros 42 países.

Ocupa FM algunas horas la sede de la AFSCA

El Movimiento Popular La Dignidad ocupó esta mañana pacíficamente las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para exigir la restitución inmediata de la frecuencia a FM La Caterva y el otorgamiento de licencias para los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

Tras la reunión a la que forzaron a las autoridades de la AFSCA luego de esta toma, tres integrantes del MPLD fueron recibidos por Daniel Lareche, Director Nacional de Gestión Administración y Desarrollo de Servicios Audiovisuales. Julian Bokser, uno de los participantes de La Caterva, nos contó qué sucedió y por qué están cortando totalmente la Av. Córdoba y Suipacha 

Bokser comentó que "no se ha podido avanzar en nada, por la falta de voluntad política de las autoridades de AFSCA para resolver los problemas de los medios comunitarios, alternativos y populares. Ni siquiera nos quisieron firmar un papel con los compromisos que asumieron en la reunión, que en realidad es a llamarnos la semana que viene para contarnos cómo está nuestro expediente". Ante a ausencia de respuestas, mantienen cortada la Av. Córdoba, donde almorzarán en ollas populares.

"Estamos convencidos de que vamos a volver a salir al aire, con ayuda de la AFSCA o sin su ayuda".

Moreno y Kicillof irrumpieron en Clarín

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el viceministro de Economía, Áxel Kicillof, ingresaron esta tarde al edificio del diario Clarín para participar de la junta de accionistas del multimedio.

Según pudo confirmar Noticias Argentinas, los funcionarios ingresaron a la sede del Grupo Clarín por el acceso ubicado sobre la calle Piedras al 1700, que da al salón de actos, donde se realiza la asamblea. 

El motivo de la participación en la junta de accionistas es porque el Estado, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tiene acciones que heredó en el Grupo tras la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

La última vez que un funcionario nacional había estado en el edificio de Clarín fue a fines del año pasado, cuando el titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, concurrió a notificar a la compañía sobre el inicio del proceso de desinversión que establece la Ley de Medios.

Brasil publica reglamento para sanciones de radio y TV

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil publicó el Reglamento de Sanciones Administrativas para las emisoras de radio y televisión.

La norma, por primera vez, traza una metodología con los criterios y parámetros que serán utilizados para aplicar sanciones a los radiodifusores y establece una gradación de sanciones.

El secretario de Comunicación Electrónica del MiniCom, Genildo Lins, declaró que el reglamento es innovador porque establece parámetros que no existían antes en la legislación de radiodifusión. El funcionario explicó que la norma está de acuerdo con el Código Brasileño de Radiodifusión y demás reglamentos del sector; sin embargo, es el primer documento que trata específicamente de sanciones: “antes, las decisiones sobre las penas aplicadas a las emisoras de radio y televisión que cometían infracciones se basaban en costumbres, en decisiones tomadas previamente. Ahora el reglamento deja las reglas claras”, afirmó.

De acuerdo con la norma, las emisoras que cometan infracciones estarán sujetas a recibir advertencia, multa, suspensión, caducidad y revocación de la autorización.

La advertencia será aplicada cuando el infractor cometa un delito primario y se clasifique como leve. La suspensión es una interrupción temporal de servicios de ejecución. El decomiso es la extinción de la autorización, concesión o permiso de los organismos de radiodifusión, que se pueden transformar en otras sanciones por el Ministro de Comunicaciones, en el caso de la radio, o el Presidente de la República, en el caso de las televisoras. Revocar la aprobación incumbe exclusivamente a las radios comunitarias.

El reglamento especifica los tipos de infracción que pueden ser cometidas por los radiodifusores de acuerdo con la gravedad; éstas fueron divididas en leves, medias, graves o muy graves. El MiniCom aplicará determinada penalidad a la emisora, dependiendo del tipo de infracción cometida. En caso de reincidencia de un mismo tipo de infracción, la penalidad aplicada será más grave. Por ejemplo, quien ya ha sido sancionado con multa por determinada infracción, si la vuelve a cometer puede ser suspendido.

Entre las infracciones consideradas como muy graves, está la transferencia directa o indirecta de concesiones, permisos o autorizaciones de radio y televisión sin previa autorización del ministerio. La colocación de publicidad o patrocinio, en contradicción con las normas, se considera un delito grave.

Otro punto importante del reglamento es establecer una metodología para definir el valor de las multas que podrán ser aplicadas a los concesionarios de radio y televisión. El cálculo tendrá en consideración factores como el tipo de emisora, tamaño del municipio y su Índice de Desarrollo Humano (IDH), además de la gravedad de la infracción. La multa podrá ser aplicada en conjunto con otras sanciones previstas.

CIRT critica que el Ifetel será todopoderoso

Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se presentaron este jueves en el Senado y criticaron una “hiperconcentración” de poder que se pretende dar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el cual sustituiría en un futuro a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Al participar en el foro de consulta realizado por las comisiones dictaminadoras de la minuta, Emilio Nassar, representante de la Cámara, dijo que están preocupados porque el nuevo organismo autónomo, además de tener facultades para regular la libre competencia y de administración del espectro radioeléctrico, tendría la función de supervisar y garantizar la pluralidad de los contenidos. 
Agregó que el Ifetel como organismo “todopoderoso” debe tener un contrapeso para la toma de decisiones en materia económica, administración de espectro, y pluralidad en contenidos. 

“Consideramos de vital importancia para la democracia y la libertad de expresión que la radiodifusión siga siendo una actividad de interés público en consonancia con la experiencia internacional y que se limite expresamente toda injerencia del Ifetel en contenidos”, dijo Emilio Nassar.

“Solicitamos que quede establecida la prohibición de vender publicidad comercial a las nuevas figuras destinadas a otros fines”, agregó.

Cámara avala a Clarín contra ley de medios

La Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley, entre ellos una parte del 45, que es el que establece los límites de tenencia de licencias. Al Gobierno sólo le queda volver a apelar. 

También declaró inconstitucional el 48, que es el que pena la “concentración indebida”, mientras que si habilitó el 161, que otorga el plazo de un año para desinvertir, pero resulta intrascendente si la acumulación de licencia pierde validez.

Con la inconstitucionalidad de parte del 45, por ejemplo, queda anulado el límite de 24 licencias por cable, la incompatibilidad de cable en TV abierto, la restricción a producir más de una señal y el límite a tener el 35% del mercado.

Si declara constitucional el 41, que legisla sobre la transferencia de licencias.

El fallo fue dictado por los jueces Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y María Susana Najurieta y ahora, se aguarda el proceso de apelaciones de ambas partes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora el Gobierno sólo le resta apelar ante la Corte Suprema de Justicia, al menos hasta que conforme el tribunal de casación del fuero civil y comercial, una de las propuestas de ley que aprobará la mayoría kirchnerista en el Congreso.

Martín Sabbatella consideró el fallo "es burdo, tramposo y demuestra con claridad que es una Cámara en lo Clarín y Comercial que defiende los intereses del Grupo".