Cabe interrogarse sobre la validez legal de la propuesta de Macri que busca posicionarse por sobre una ley del Congreso Nacional, ya que el decreto se basa en una cuestión de territorialidad, es decir, abarca a los medios con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, como Clarín y La Nación. El decreto es válido por 30 días, periodo durante el cual deberá ser tratado por la Legislatura porteña.
El decreto de Macri contempla varias garantías ya incluidas en la Constitución Nacional como la libertad de expresión. En su artículo 12 establece que “a efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de expresiones, información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la Ciudad a buscar, recibir y acceder información a expresiones, información, opiniones e ideas de su libre elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno Nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de imprenta, prensa y expresión”.
El texto también indica que “los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo activo o bien necesario para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas”.
En su artículo 18 establece que “ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para difundir sus expresiones, información, opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus órganos de administración”. Días atrás, funcionarios del gobierno nacional participaron de una asamblea de accionistas de Grupo Clarín.
Uno de los primeros en salir al cruce del decreto fue Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), entidad del Ejecutivo nacional que debe poner en marcha lo estipulado por la Ley de Medios. El funcionario señaló que el anuncio de Macri no es serio.