La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
La norma, que
ahora queda pendiente de la promulgación del Gobierno, añade nuevas
responsabilidades a los proveedores de medios respecto al contenido divulgado y
refuerza la postura hacia la difusión de cierta información sensible.
Esta medida
sustituye a la derogada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
que databa del 15 noviembre de 2005, y tiene el objetivo de "establecer,
en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los
prestadores de servicios de radio y televisión, proveedores de servicios de internet
y medios electrónicos, anunciantes y usuarios (...) para fomentar el equilibrio
democrático entre sus deberes, derechos e intereses".
La
controvertida ley prohíbe la emisión de mensajes que puedan constituir
manipulaciones mediáticas, inducir al magnicidio, que contengan ofensas a las
autoridades públicas y "apología del delito".
Por esta
razón queda igualmente prohibida la transmisión "en todos los
horarios" programación con contenido sexuales de tipo C, D y E, así como
"los que puedan incitar y promover al odio y la intolerancia por razones
políticas, religiosas, diferencia de género, por racismo o xenofobia".
Mientras, las
compañías proveedoras de Internet deberán establecer mecanismos para restringir
la difusión de estos mensajes y poder acceder a los medios que los publiquen.