Mientras el Consejo de Estado de España considera prohibir o, al menos, limitar los anuncios de prostitución en la prensa escrita; los editores de diarios afirmaron que recurrirán a la justicia porque se les estaría vulnerando un derecho constitucional.
En el informe del Consejo, preparado por la Comisión de
Estudios de este órgano consultivo, había subrayado que en España la
autorregulación ha sido "baldía" y "manifiestamente
insuficiente” en el caso de la publicidad de la prostitución, estimando que la
prohibición de la publicidad de la prostitución "persigue un fin
legítimo”.
Ante estas declaraciones, la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE) se mostró indignada por el hecho de que ni el Consejo
de Estado ni el Gobierno les hayan convocado, afirmando que esa actividad es
delictiva o resulta perjudicial para la salud, lo que debería el estado es
prohibir la actividad, no la publicidad de la actividad.
También AEDE subrayó que a cada medio le asiste la libertad
editorial de decidir qué contenidos publicitarios sobre actividades lícitas
incluye en sus páginas, y matiza que "cualquier tipo de censura previa
sobre ellos vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como
la libertad publicitaria de empresas y personas".
