El Estado argentino iniciará acciones legales contra la papelera Papel Prensa con el objetivo de restituir a los representantes estatales que fueron desplazados de la empresa este martes en una asamblea convocada por Clarín y La Nación.
Así lo confirmó el titular de la Sindicatura General de la
Nación (Sigen), Daniel Reposo, quien también aseguró que se analiza pedir el
juicio político contra el juez que autorizó dicha reunión y la medida tomada.
Según Reposo, que además de ser titular de la Sigen, es el
síndico de Papel Prensa, la convocatoria a la asamblea que decidió desplazar a
los empleados representantes del Estado tendría que haber sido avalada por la
Comisión de Valores, y esto no ocurrió, por lo que calificó a este
procedimiento como “irregular”.
Reposo apuntó directamente a la responsabilidad del juez
Fernando Durao que fue quien dio las irregulares autorizaciones. Al respecto
aseguró que el magistrado dictó una medida cautelar “en tres horas” sin tener
competencia, ya que “ni siquiera fue sorteado, vulnerando el Código Procesal
Civil, que así lo establece”.
Además le adjudicó estar vinculado con el apoderado de la
compañía, Enrique Pigretti. Reposo también recordó que el Estado tiene el 27 %
de Papel Prensa. Y agregó: “El gran riesgo que se corre es que, al anular la
representación estatal, los accionistas privados, Clarín y La Nación, puedan
destruir información que los comprometa”.
La información a la que se refirió, y cuya protección
preocupa al Estado, es la vinculada con la investigación que se está llevando a
cabo desde el Gobierno nacional, que denuncia la existencia de “una deuda” que
habrían contraído ambos grupos empresariales en el 2001 y que luego “fue
licuada en beneficio de ellos y en perjuicio de Papel Prensa y del Estado, que
está solventando la deuda millonaria contraída por Clarín y La Nación”.
El hecho que desencadenó estos conflictos fueron los
desplazamientos a representantes del Estado durante una asamblea organizada por
Clarín y La Nación. En dicha reunión no se aprobó la gestión de los tres
directores, los dos síndicos y el inspector designados por el Gobierno
nacional, y fueron desplazados de la empresa.