Gustavo Víttori, dueño del vespertino El Litoral había denunciado penalmente al jefe de redacción del Diario UNO Santa Fe, Pilo Monzón, por el delito de injurias. Para la Justicia, sólo se publicaron informes periodísticos sobre un tema de interés público.
El juez de Instrucción Penal de la Tercera Nominación de
Santa Fe, Dr. Orlando Pascua, resolvió que el periodista Pilo Monzón, no
incurrió en el delito de injurias que le atribuía Gustavo Víttori, dueño de
diario El Litoral y ex titular de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas). En las conclusiones del expediente judicial Nº1136-2008, el
magistrado señaló que “se atribuyó a Juan Raúl Monzón haber injuriado a Gustavo
José Víttori mediante notas periodísticas que involucraban a éste último con
adquirentes de terrenos cercanos al lugar donde se ubicaría el puerto local. En
este tema, evidentemente, se ha ventilado un tema de interés público
relacionado con un supuesto tráfico de influencias en la relocalización del
referido puerto”. De este modo el magistrado entendió que los episodios
investigados, documentados y publicados en Diario UNO no tuvieron otro fin que
el de informar acerca de las dudosas y polémicas compras de tierras, entre
ellas las de su socio y estrecho colaborador en diario El Litoral, Nahuel
Caputto, en la zona donde se levantará el nuevo puerto.
La causa tuvo su origen el 21 de diciembre de 2007, fecha en
la cual Gustavo Víttori, dueño del vespertino santafesino y por entonces,
máxima referencia nacional de ADEPA presentó una denuncia penal contra el
redactor jefe del matutino y por propiedad transitiva, contra Diario UNO de
Santa Fe. Se trataba de 63 páginas a las que adosó una importante cantidad de
artículos publicados en el vespertino de su propiedad, folletos varios y la
investigación publicada en Diario UNO sobre las anómalas maniobras de
compra-venta de terrenos en las inmediaciones del lugar donde se erigirá la
nueva estación fluvial santafesina. Varias de ellas fueron realizadas por su
colega, socio y par en el directorio de El Litoral, Nahuel Caputto. Las mismas
fueron publicadas en Diario UNO de Santa Fe en sus ediciones del 8, 22, 24 y 29
de julio; 3,5 y 12 de agosto; y el 25 de septiembre de 2007.
Diario UNO dio a conocer la existencia de operaciones de
compra y venta de tierras en la zona de islas antes del pronunciamiento de la
consultora que determinó el sitio exacto donde se levantará la nueva estación
fluvial; que hubo miles de hectáreas adquiridas a precio vil; cómo fue que en
esa zona se realizaron una decena de traspasos de terrenos cuyos dueños eran
modestos propietarios hacia un mismo empresario en algunos casos y hacia
sociedades anónimas en otros; se brindaron a la opinión pública los nombres,
folios y tomos del Registro de Contratos Públicos donde se asentaron estas operaciones
y que tomando por caso ese mismo año 2007. Y un dato clave: mientras Gustavo
Víttori pugnaba por el traslado de la estación fluvial hacia la “Posición G” su
socio comercial y editorial, Nahuel Caputto compraba centenares de hectáreas
allí. Luego de la publicación de dichos informes, Víttori denunció penalmente
al periodista Pilo Monzón y a Diario UNO por haber dado a conocer la serie de
interrogantes que dejaba su condición de vocero de las condiciones de un lugar
determinado y que en derredor de él, uno de los adquirentes de tierras era su
socio directo. Fue así que el ex presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe
inició un largo y desgastante litigio judicial con un solo motivo aparente:
disciplinar al periodismo y a las instituciones interesadas en este tema vital
para el desarrollo de Santa Fe.
Matar al mensajero
Gustavo Víttori, además de ser dueño del diario El Litoral y
su máximo responsable editorial, al momento de llevar al periodista Pilo Monzón
ante los estrados, era presidente de ADEPA, la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas. El dato no es menor. Como titular de un medio de
comunicación y más aún, como representante de una institución con vasos
comunicantes en todo el país, sabe expresamente que querellar a un periodista
significa enviar un nítido mensaje a quienes ejercen la profesión, pero también
a la comunidad toda. Es una manifestación de poder, lacerante y con intenciones
inhibitorias de la actitud crítica periodística. Mientras quería punir penal y
económicamente a un cronista de Santa Fe, mostraba otro rostro en Buenos Aires
y para ADEPA. Allí Víttori escribía en contra de la judicialización de
periodistas y medios de comunicación “ya que cumplen con su mandato de
informar”. Durante su gestión en ADEPA, refrendó un comunicado donde
consideraba necesario que “se desista de perseguir penalmente a periodistas y
directivos de medios, en la genuina convicción de que con ello se contribuirá a
afianzar la más irrestricta vigencia de la libertad de prensa, valor clave de toda
sociedad moderna”. Pero su pluma iba más allá. Creía que era indispensable
actualizar el debate para “despenalizar los delitos de calumnias e injurias a
través de la prensa” prometiendo que ADEPA iba a “redoblar sus esfuerzos ante
el Congreso de la Nación a fin de explicar la conveniencia de su eliminación”.
Mientras tanto en Santa Fe, presentaba una acción judicial plagada de
descalificaciones con el fin ulterior de evitar una revisión de lo actuado en
proceso de traslado del puerto.
Conclusiones
El juez Orlando Pascua entendió en su resolución que en el
contenido de las notas publicadas por Diario UNO “evidentemente se ha ventilado
un tema de interés público relacionado con un supuesto tráfico de influencias
en la relocalización del referido puerto”. Sumado a ello, durante el proceso
judicial se produjeron modificaciones trascendentes en el Código Procesal
Penal, devenidas del caso Kimel, que despenalizaron las figuras de calumnias e
injurias en casos de interés público. De esta manera, el fallo Víttori contra
Monzón terminará sentando una importante jurisprudencia a nivel provincial ya
que el juez Pascua hace referencia en la segunda parte de la sentencia al fallo
Kimel tal cual lo solicitara la defensa del periodista de Diario UNO en el
inicio mismo de la causa. Quedó demostrado que se trató de episodios reales,
documentados y publicados que no tuvieron otro fin que el de dar a conocer una
serie de compraventas de tierras realizadas por varias personas, a precios
excesivamente bajos, en un momento determinado y en una zona específica,
justamente donde será levantado el nuevo puerto y que entre los adquirentes hay
un socio de El Litoral, siendo el dueño del vespertino uno de los máximos
difusores de dicho lugar. En virtud de ello, el juez Pascua terminó por
delinear un pronunciamiento categórico: “La acción resulta atípica cuando las
expresiones vertidas refieran a asuntos de interés público (...) Por ello
entonces, el hecho atribuido a Juan Raúl Monzón no encuadra en la figura penal
del delito de injurias”.
Lo destacable de esta sentencia es que se alumbró un fallo
judicial que sentará jurisprudencia en la provincia ya que neutraliza la
pretensión de hostigar y disciplinar a la prensa a través de un asfixiante
asedio en los Tribunales. Un freno para aquellos que quisieron convertir una
acción judicial en defensa del honor, en un instrumento para el control de la
libre expresión y la información. Luego de una compulsa de casi cuatro años en
los tribunales de Santa Fe, emerge este fallo judicial que será un antecedente
importante no sólo para el ejercicio periodístico, sino también para ratificar
el derecho de una sociedad a ejercer los controles republicanos.
