El gobierno pretende que las empresas privadas que hagan uso del espectro radioeléctrico nacional en ocasión del traspaso de la televisión digital a la analógica, tributen un impuesto proporcional a las ganancias que en su derecho de uso obtienen.
Esta medida iba ser implantada por medio de
un decreto del Poder Ejecutivo, pero ante esa posibilidad los abogados asesores
de los propietarios y administradores de los medios le adelantaron a sus
patrocinados la posibilidad de recurrir por la inconstitucionalidad de la
norma.
Esto ocurre porque en el ordenamiento
jurídico uruguayo los tributos deben contar con la aprobación parlamentaria. Es
uno de los mecanismos de contralor establecidos en la Constitución. Sólo los
puede presentar el Poder Ejecutivo, pero siempre deben contar con la aprobación
de las cámaras para transformarse en ley.
De esta manera es que el gobierno no
renuncia a su intención de fijar el tributo y promoverá una ley para que esto
se concrete.
Una vez que se proceda de esta manera, la
decisión quedará en manos del Poder Legislativo, y desde el gobierno se
advierte que allí los propietarios de los medios podrán dar una lucha mucho más
fuerte con el conjunto de su gremial, Andebu, Asociación Nacional de
Broadcasters Uruguayos.
El gobierno impulsa un proyecto en que el
canon se elevará a valores proporcionales a la ganancia de los medios. Por lo
tanto, las empresas que facturen menos de dos millones de unidades indexadas,
aproximadamente 230 mil dólares, deberán tributar por el uno por ciento de esa
cantidad.
Las empresas que recauden menos de esa
cantidad deberán pagar un 0,5 por ciento de sus ingresos.
Esto está fijado en el texto del decreto
tentativo, y aunque sea desechada la posibilidad de decretar la solución, el
gobierno pretende conseguir que aplique por medio de otra vía.