La empresa uruguaya Cablevisión del grupo argentino Clarín, anunció que demandará al Estado uruguayo ante la Justicia y en tribunales internacionales por la reducción de frecuencias que dispuso el gobierno del presidente José Mujica a través de un decreto firmado el 8 de marzo.
La empresa asegura que con esa decisión, el Poder Ejecutivo le quitó “más de la mitad del espectro oportunamente concedido” y advierte que por ello sufrirá “una disminución muy significativa de la cantidad de señales susceptibles de ser brindadas a los clientes”.
En un comunicado de prensa la empresa argentina de televisión cable dice que el gobierno de Mujica “atropella retrospectivamente los derechos adquiridos y avanza contra la seguridad jurídica, bien muy preciado y fundado en Uruguay”.
Cablevisión advierte que de mantener vigente el decreto en cuestión (el N° 73/012) el Poder Ejecutivo violaría la Constitución.
“El Estado incurriría en responsabilidad por violación del principio de seguridad jurídica, cuestión que la Constitución reconoce y garantiza”, dice el comunicado del cable operador.
El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, defendió la decisión del gobierno y destacó que el decreto cuestionado por la empresa “se basa y respeta la normativa vigente, tanto nacional como internacional”. Consultado por El Observador, el jerarca aseguró que el gobierno “está habilitado a innovar” en el espectro radioeléctrico “en beneficio del interés general y para poder desarrollar nuevas tecnologías”.
El gobierno le quitó frecuencias a Cablevisión para desarrollar en ellas la telefonía de cuarta generación (4G) y la televisión digital abierta.
