El Tribunal Andino de Justicia comenzará un proceso de desacato contra Colombia si el Estado no ejecuta la sentencia que emitiera en 2011 en la que pide anular los laudos arbitrales que condenaban a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) a pagarle a Comcel más de $200.000 millones por conflictos de interconexión.
Así lo dio a conocer el Alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, quien explicó que el Tribunal Andino le había dado la razón a la
ETB al asegurar que el debido proceso, el cual se interpuso en 2006, fue
violado al no seguir las normas.
“Se interpuso recurso de anulación ante la
Sección Tercera del Consejo de Estado contra los tres laudos, y se solicitó la
interpretación y aplicación de las normas andinas porque según la norma
comunitaria , el artículo 33 del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: `en los procesos
en los que la sentencia no sea susceptible de un recurso ordinario y deban
aplicarse normas comunitarias, el juez debe suspender el proceso y solicitarle
al Tribunal de Justicia la interpretación de dichas normas`. De acuerdo con el Tribunal Andino, hasta los
árbitros están en la obligación de solicitar dicha consulta, y no lo hicieron”,
indicó la ETB en un comunicado.
Si el Consejo de Estado no rectifica su decisión, los demás países
miembros de la CAN podrían restringir o suspender las ventajas del Acuerdo de
Cartagena que benefician a Colombia.
Así mismo, se podría afectar el patrimonio de los ciudadanos pues “si el
tribunal colombiano de lo Contencioso Administrativo decide no anular los
laudos arbitrales, será el mismo Estado quien tendría que responder por los
perjuicios causados a la ETB.
“Los $200.000 millones que Comcel debe
reembolsar a la ETB, si no se anulan los laudos, tendrían que provenir de los
impuestos de los bogotanos y de los colombianos”, concluyó el comunicado de la
empresa estatal.