Organizaciones sociales presentaron esta mañana una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) contra la Ley de Telecomunicaciones por "promover monopolios mediáticos".
De acuerdo con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FELPAD) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), los artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones violan la Constitución porque establecen la subasta pública como único mecanismo para asignar las concesiones.
En opinión de los demandantes, dichos artículos violentan los artículos 3, 6, 101, 110 y 144 de la Constitución de la República que se refieren a la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el orden económico con justicia social, la prohibición de los monopolios y la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales.
La subasta pública violenta el principio de igualdad ante la ley porque al final no todas las personas tienen iguales posibilidades de acceso a las frecuencias radioeléctricas, si no únicamente quienes tienen más recursos económicos. Atenta contra la libertad de expresión porque impide a muchos sectores de la población acceder al espectro radioeléctrico y crear medios de comunicación, necesarios para concretar el ejercicio de la libre expresión.
El mecanismo de subasta menoscaba el principio de justicia en el orden económico porque, al otorgar las concesiones a la mayor oferta económica, reduce la diversidad de operadores e impide una explotación más incluyente del espectro. Contraviene la prohibición de los monopolios porque genera concentración de la propiedad de los medios de comunicación y crea monopolios privados que impiden la diversidad, el pluralismo y la sana competencia en la sociedad.
La subasta también violenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros convenios internacionales que plantean la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación, señalaron las organizaciones sociales.
Así mismo ignora las recomendaciones de reiterados informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA que plantean el establecimiento de mecanismos, criterios y procedimientos transparentes, democráticos e incluyentes para la asignación de las frecuencias radioeléctricas, agregaron.
Los demandantes, esperan que la Corte Suprema de Justicia resuelva contra los referidos artículos de la Ley de Telecomunicaciones. Se posibilite un amplio debate sobre el derecho a la comunicación, el acceso equitativo a las frecuencias radioeléctricas y se desarrolle una legislación que garantice estos principios. "Para consolidar la democracia, el país necesita un modelo de medios de comunicación democrático que garantice la libertad de expresión, la participación ciudadana, la diversidad y el pluralismo", afirmaron la FELPAD y ARPAS .
