Según el comunicado de Uteca, "pone en riesgo la continuidad de la recepción por los ciudadanos de todos los canales actuales de televisión gratuita, y traslada a los ciudadanos el coste de una nueva antenización de sus hogares, después de que el Gobierno ingresara de operadores de telecomunicaciones más de 1.800 millones de euros por la subasta de las frecuencias asociadas al dividendo digital, cantidad que debía ser parcialmente destinada a financiar este proceso, según establece la Ley de Economía Sostenible".
En tanto, la organización confirmó que el pasado 23 de agosto el gobierno español y las televisoras habían alcanzado un acuerdo por el que, "éstas aceptaron reducir su capacidad técnica de emisión y el Gobierno garantizó la seguridad en la continuidad de la recepción de sus canales, así como evitar costes adicionales a las televisiones, ya que en su momento asumieron todo el coste del proceso de transición a la TDT". Por tal motivo, “el borrador de Real Decreto presentado en la reunión del Catsi desoye los aspectos fundamentales de ese acuerdo”, dijo la Uteca.
Sin embargo, las televisoras privadas confían en que el Gobierno reconozca lo acordado en agosto.
En tanto, la organización confirmó que el pasado 23 de agosto el gobierno español y las televisoras habían alcanzado un acuerdo por el que, "éstas aceptaron reducir su capacidad técnica de emisión y el Gobierno garantizó la seguridad en la continuidad de la recepción de sus canales, así como evitar costes adicionales a las televisiones, ya que en su momento asumieron todo el coste del proceso de transición a la TDT". Por tal motivo, “el borrador de Real Decreto presentado en la reunión del Catsi desoye los aspectos fundamentales de ese acuerdo”, dijo la Uteca.
Sin embargo, las televisoras privadas confían en que el Gobierno reconozca lo acordado en agosto.
