(Fuente: El Observador) Los empresarios que aspiren a una de las señales de TV
digital que licitará el Estado deberán asegurar la participación de productoras
independientes en sus contenidos, la inclusión de cuotas de programación
nacional y la donación de minutos para “campañas de bien público”, según señala
el pliego de condiciones al que tuvo acceso El Observador.
En el escrito –que está en la órbita del Ministerio de
Industria– se advierte que no se considerarán propuestas presentadas por
“sociedades irregulares o de hecho o en formación” ni propuestas
“independientes de personas físicas y jurídicas que estén vinculadas entre sí,
ya sea directa o indirectamente o a través de terceras empresas”. Además, cada
socio o accionista deberá “acreditar solvencia moral, capacidad económica y ser
ciudadanos naturales o legales domiciliados permanentemente en la República y
preferentemente en cualquiera de las localidades comprendidas en el área
metropolitana de Montevideo”.
En cuanto al “proyecto comunicacional”, quienes se
presenten tendrán que dejar clara la
“relación entre los objetivos de informar, educar y entretener” y la “grilla de
programación en una semana tipo, definiendo horas de programación nacional y
horas de programación extranjera, según género de los programas (informativos,
periodísticos, educativos, documentales, ficción, otros)”.
Acerca de las “estrategias respecto a la programación
nacional”, las empresas interesadas presentarán ante la URSEC (Unidad
Reguladora de Servicios de Comunicación) los detalles de los siguientes
componentes: “Estrategia de programas educativos, culturales, y dirigidos a
audiencias infantiles; estrategia de la programación nacional de ficción y
otros géneros de entretenimiento; compromiso con la actividad cinematográfica nacional
y su difusión, programación de interés social; estrategia de producción propia
y producción independiente en la programación nacional, indicando porcentajes
de tipo de producción según género de los programas (informativos,
periodísticos, educativos, documentales, ficción, otros)”.
Además, las empresas tienen que informar sobre la “capacidad
de movilización de recursos, propios o de terceros, para la realización de contenidos nacionales
para emitir en la grilla de programación; la estrategia de internacionalización
de la programación producida localmente y la estrategia en la programación
extranjera”.
En ese sentido, el Estado evaluará varios componentes antes
de dar a explotación las señales de TV digitales. Por caso, la “inclusión de diversidad de
señales audiovisuales propias y servicios conexos e interactivos gratuitos; los
compromisos de inclusión de producción audiovisual nacional y local propia; la
participación de productores independientes y empresas nacionales de la
industria audiovisual en la cadena de producción y difusión; la creación de
empleos directos y cumplimiento de las garantías laborales; los compromisos en
materia de pautas publicitarias y de atención a las personas con discapacidades
visuales y auditivas, incluyendo el porcentaje de programación con contenido
accesible mediante sub-titulado, lengua de señas y audio-descripción”.
Asimismo, serán medidos “los antecedentes como empresarios
de la comunicación” y “ la viabilidad económica de ejecución de la propuesta”.
Como contraprestación, las empresas elegidas en la
licitación deberán ceder 15 minutos diarios, no acumulables, para realizar
campañas “de bien público” y promover “la producción de contenidos nacionales”
y “la accesibilidad a personas con discapacidades visuales y auditivas a todos
o parte de los servicios ofrecidos”.
