El conflicto tiene su origen en un error técnico del Gobierno de Zapatero, que no desarrolló a tiempo el real decreto por el que concedía las nuevas licencias, por lo que estas incurrieron en contradicción con la Ley General Audiovisual, que al final aprobó un mes y medio antes y que exigía que las nuevas licencias fueran adjudicadas mediante concurso. Las empresas concesionarias, por su parte, siempre cumplieron los acuerdos y las condiciones que les impuso el Gobierno.
