La Asociación Española de la Radio Comercial (AERC) presentó la semana pasada un recurso ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para pedir que el organismo de regulación intermedie en el conflicto que mantienen con la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que impidió a las emisoras entrar en los estadios la pasada temporada.
Tal y como han explicado
las mismas fuentes, frente a la propuesta de la LFP, que llegó a pedir más de
718.000 euros a las cadenas por entrar a los estadios, las radios han hecho sus
propios cálculos sobre los costes que deben pagar y finalmente será la CMT,
como órgano regulador, el encargado de fijar un precio, tal y como figura en el
Real Decreto aprobado por el Gobierno en abril.
El conflicto entre las
radios y la LFP se abrió en julio del año pasado, al pretender los clubes
cobrar un nuevo canon para permitir narrar los partidos desde los campos a las
cadenas, que hasta ese momento entraban gratis en los estadios. Para introducir
este nuevo canon, la liga alegó que la última reforma de la Ley Audiovisual,
permitía hacerlo, algo que las emisoras se negaron a aceptar.
Tras el fracaso de las
negociaciones, Onda Cero, la SER, la COPE y Radio Nacional de España (RNE)
acudieron a los tribunales para exigir que se dejara entrar a los estadios a
los profesionales de la radio. Además, en paralelo acudieron al Ejecutivo para
pedir una reforma de la Ley Audiovisual que clarificase el asunto.
La reforma llegó el
pasado abril, después del cambio de Gobierno, en una reforma que garantizaba el
derecho de las radios a entrar en los estadios de fútbol para informar sobre
los partidos, aunque la obligación de que éstas pagaran un precio por la
entrada y el uso de las instalaciones.
Sin embargo, la reforma
legal no logró solucionar el conflicto, ya que las radios no consiguieron
llegar a un acuerdo con la LFP que llegó a pedirles más de 718.000 euros para
poder retransmitir los partidos de fútbol de Primera y Segunda División desde
los campos de fútbol.
Ante la falta de acuerdo,
es la CMT, como "correspondiente autoridad supervisora", la que debe
fijar el precio que deberán abonar las radios, tal y como establece la reforma
legal.
Fuente: EUROPA PRESS