Cuando le restan sólo tres semanas de mandato, el gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, elaboró un proyecto de ley para regular los medios audiovisuales de comunicación, que pretende dejar listo para ser aprobado por la próxima administración de Dilma Rousseff.
La Secretaría de Comunicación Social ya tiene casi listo el
proyecto, que prevé la creación de una Agencia Nacional de Comunicación, que
tendrá la facultad de aplicar multas por programación considerada ofensiva,
prejuiciosa o inadecuada para el horario en que es transmitida.
Además, el texto, bautizado "Ley General de
Comunicación Social", propone que se prohíba que políticos en ejercicio
sean dueños o controlen emisoras de radio y canales de televisión (hoy, más de
150 legisladores tienen concesiones de radio y televisión).
La propuesta, contenida en unas 40 páginas, será presentada
la próxima semana a la presidenta electa y a su equipo de transición para su
evaluación.
En caso de que Rousseff apruebe el contenido, estaría en
condiciones de enviarlo durante los primeros meses de su mandato al Congreso,
donde podría sufrir cambios o ser sometido a consulta pública.