El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible conocida como 'Ley Sinde' para luchar contra las descargas ilegales de contenidos en internet.
La norma ha sido aprobada por 323 votos a favor -PSOE, PP y
CiU-, 19 en contra -PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC, UPyD y Na-Bai- y una abstención.
Después de haber sido rechazada ya el pasado diciembre en
esta misma Cámara, PSOE, PP y CiU pactaron una enmienda para reflotarla en el
Senado, que fue aprobada el 9 de febrero, devolviéndose así ligeramente
modificado el texto al Congreso, que ahora lo ratifica con los votos, de nuevo,
de esas tres mismas formaciones.
El siguiente paso de esta norma será su publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), que se espera para esta semana, después de lo
cual se procederá al desarrollo de su reglamento y a la constitución de la
Comisión de Propiedad Intelectual. De esta manera, podría entrar en vigor en
torno al próximo verano, según ya adelantó hace unos días la ministra Ángeles
González-Sinde.
La propia titular de Cultura defendió, después del acuerdo
alcanzado en el Senado por los tres grupos mayoritarios en enero, que el nuevo
texto pactado en forma de enmienda incluía más garantías judiciales y respetaba
los derechos fundamentales de todas las partes, creadores e internautas, algo
que, en cualquier caso, no convenció a las asociaciones de internautas.
Entre los puntos destacados de la norma figuran el bloqueo o
cierre en un máximo de diez días de páginas webs desde las que se puedan
descargar obras protegidas por derechos de autor, así como la creación de una
Comisión administrativa -con funciones de mediación y arbitraje- para dirimir
este tipo de conflictos, siempre a partir de denuncias particulares. Desde el
primer momento todo el proceso estará tutelado por un juez.
Por eso, toda petición de cierre o bloqueo de una web tendrá
que contar con una autorización judicial, que tendrá 24 horas para aceptar o
rechazar la denuncia. Si se acepta, las páginas están obligadas a dar los datos
para proceder a la identificación de quienes están detrás de la web en
cuestión. Ahí entra en juego la Comisión, quien pedirá la retirada del
contenido ilegal antes de 48 horas. Tras estos pasos, el cierre de la web
requiere de nuevo autorización judicial, en caso de no haber alcanzado un
acuerdo entre las partes.
Además, en el acuerdo alcanzado en el Senado el PP logró
introducir en este texto el compromiso del Gobierno de modificar el canon
digital en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley,
después de que la Unión Europea lo declarara ilegal.