La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de España lleva adelante hoy debate sobre la propuesta de Esquerra Republicana (ERC) para suprimir la publicidad institucional a los medios que incluyan anuncios de contactos o de tipo sexual.
Ya han sido varios los debates en torno a la ley, siendo lo
último una proposición no de ley aprobada en septiembre de 2010 donde se
apostaba por la autorregulación dentro de los medios para suprimir los anuncios
de prostitución.
El consejo de estado emitió en marzo un informe donde
recomendaba la prohibición o la severa limitación de los anuncios de
prostitución.
Según informa PR Noticias, a los diarios les interesa
mantener los anuncios de tipo sexual por sobre la publicidad institucional, ya
que esta última ha decrecido considerablemente en los últimos años.
De acuerdo a informes presentados por la Administración
Central, el estado invirtió en 2010 y en todo soporte, 70% menos que en 2007.
El conjunto de los diarios se han repartido 11,8 millones de euros en 2010, una
cifra que ha tenido un dramático descenso en tres años, cuando a esta partida
se destinaban 70,7 millones de euros. Este dato sólo incluye ministerios del
gobierno central y excluyen la publicidad institucional de las autonomías,
ayuntamientos y subvenciones.
Por su parte, los anuncios de contactos reportaron a los
diarios una media de 40 millones de euros anuales, según cifras extraídas de
una comisión parlamentaria.
Es de recordar que la batalla contra los anuncios de
prostitución se viene librando desde 2008. Desde el 1 de enero de 2009 el Plan
Integral contra la Trata insta a los diarios a eliminar esta publicidad de sus
páginas, sin embargo la mayoría sigue apostando por esta fuente de ingresos.
Público, 20 Minutos, La Gaceta, Qué, La Razón y ADN han renunciado a ella.
En septiembre de 2010 los principales grupos parlamentarios
apoyaron en el Congreso una proposición no de ley a favor de suprimir estos
anuncios en la prensa, apostando por la autorregulación a la espera de que el
Consejo de Estado emitiera un informe sobre esta cuestión. En marzo de 2011 el
Consejo de Estado emitió dicho informe, en el que consideraba 'plausible
prohibir o, al menos, limitar severamente los anuncios de prostitución en
prensa'. Este organismo dictaminó que sería necesario crear una ley prohibitiva
de la actividad que permitiera al Ejecutivo acometer esta restricción.
Diversas instituciones empresariales y gremiales han fijado ya
posición.
Mientras la Asociación de Editores de Diarios Españoles
(AEDE) se ha mostrado claramente en contra de la prohibición de esta
publicidad, alegando además que "vulneraría tanto la libertad de expresión
de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas";
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) confirmó públicamente
su adhesión a la restricción de dichos anuncios, ya que "atentan contra la
dignidad de la mujer y son contrarios a la función social y educativa de la prensa'.