La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de ciudadanos reclamaron a la Justicia que prohíba la emisión de publicidad gubernamental en medios audiovisuales durante la campaña electoral.
La petición se fundamenta en la necesidad de garantizar la
igualdad de los espacios de propaganda en radios y canales de televisión a
todos los candidatos para los comicios nacionales del 23 de octubre.
También que el uso de la publicidad oficial “como
instrumento de propaganda y autopromoción por parte del Gobierno Nacional
vulnera estándares constitucionales y de derechos humanos”.
Los firmantes del reclamo destacan que el partido gobernante
tiene “una ventaja al momento de usar los fondos públicos como herramienta de
captación del voto, perjudicando el debate electoral”.
En otro tramo del escrito, recuerdan que la legislación
argentina restringe los gastos de campañas electorales, fija una duración de
las mismas y regula las formas de financiamiento de los partidos políticos.
“Una de esas normas –agregan- es la ley 26.571, que prohíbe
a los partidos políticos contratar espacios en los medios audiovisuales y
dispone que el Estado distribuirá espacios en forma equitativa”.
Al respecto, advierten que esa norma que “busca nivelar el
campo de juego electoral se desvirtúa por el uso de la publicidad oficial con
fines de propaganda de cara a las elecciones” del 23 de octubre.
Otro de los argumentos del reclamo ante la Justicia es la
inexistencia de una regulación y control de la publicidad oficial y que el
Gobierno Nacional hace un “uso ilegítimo” de la pauta oficial.
Luego destacan el “constante incremento” desde 2003 de las
partidas presupuestarias para la publicidad gubernamental con el propósito de
“captar el sufragio de la población”.
En ese sentido, sostienen que de no prohibirse la emisión de
publicidad oficial durante la próxima campaña electoral se vulnerará el derecho
de todo ciudadano a las libertades de expresión y de información.
“Desde este punto de vista, las propuestas partidarias deben
expresarse en condiciones de equidad durante la campaña electoral, para que
todos los votantes puedan recibir información plural”, argumentan.
El amparo colectivo fue presentado ante el Juzgado Federal
Nº 1, con competencia electoral en el distrito de la Capital Federal, a cargo
de la doctora María Romilda Servini de Cubría.
Álvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC, dijo que en el
pedido del dictado de una medida cautelar se citan normas de otros países que
garantizan la igualdad entre los distintos contendientes electorales.
“Las prácticas publicitarias del Gobierno desvirtúan los
propósitos de la última reforma política, que dispuso un sistema de igualdad deoportunidades
a todos los partidos políticos”, destacó.
También explicó que el amparo presentado ante la jueza
Servini de Cubría tiene como propósito el dictado de una medida cautelar hasta
tanto se sancione una ley que regule la publicidad oficial.
Herrero dijo, por último, que toda ley sobre la publicidad
oficial debe establecer “mecanismos que impidan que se utilice la pauta estatal
en un período razonable previo a cualquier acto electoral”.
