El Consejo de Ministros de España tras aprobar el Informe de vicepresidencia y del ministro de Industria, a instancias de la CMT, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, abrió la puerta a la privatización de canales públicos de televisión autonómica.
Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que la norma pretende ayudar a las Administraciones a elegir “los modos de gestión del servicio público que sean más eficaces y eficientes” y asegurar la viabilidad de las televisiones autonómicas.
“El Estado no establece por ley ninguna obligación. No se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus competencias para ver cómo gestionan el servicio público”, ha asegurado la vicepresidenta. En el informe de modificación de la Ley se explica que “la crisis económica y los necesarios recortes del gasto público exigen un esfuerzo para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, y nuevos instrumentos para lograrlo. Por esta razón, se aborda una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para dar a las Comunidades Autónomas libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia”.
Según el Gobierno, el objeto de la modificación que se aborda en este Anteproyecto es, por tanto, permitir que las Comunidades Autónomas puedan decidir el modo de gestión del espectro radioeléctrico que les haya sido reservado o adjudicado o que se les reserve o adjudique, y podrá, en consecuencia, decidir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas.
