Sucede que, al momento de frenar el famoso 7D, la Cámara Federal prorrogó la cautelar del Grupo Clarín que frenaba la aplicación de los artículos 161 y 45 de la ley de medios. Además, aclaró que, aún en caso de que esos artículos sean declarados constitucionales (algo dictado por el juez Alfonso y ya apelado por Clarín) el plazo de un año que establece la ley para que el Grupo se adecúe a la tenencia de licencias y “desinvierta” comenzará a regir a partir de que se produzca el fallo de fondo.
El Gobierno sostiene que ese plazo ya está vencido y por eso el titular del Afsca, Martín Sabbatella, aseguró que en 100 días estará listo el proceso de transferencia de oficio que intentó iniciar Sabbatella con su mediático desembarco en las oficinas de Clarín y que apenas duro 24 horas, hasta que Alfonso concedió al grupo a la apelación a la Cámara Civil y Comercial, reponiendo de esa manera los efectos suspensivos que de hecho ya estaban vigentes por la cautelar extendida por ese mismo tribunal de segunda instancia.
Pero ahora la Casa Rosada se enfrenta con un inconveniente adicional, solo adjudicable a la torpeza de sus abogados. Hoy se supo que al apelar ante la Corte la decisión de la Cámara de extender la cautelar que vencía el 7D; sólo apeló la extensión de esa medida provisoria y nada dijo sobre el otro tramo de esa decisión que subrayaba que el plazo de un año que la ley otorga para para desinvertir todavía no comenzó a correr para el Grupo.
Según reveló hoy el periodista Adrián Ventura en el diario La Nación, este "olvido" del gobierno viene a confirmar esa parte del fallo apelado.
“Esto es así, al no apelarlo, el Gobierno consiente que el plazo para desinvertir comienza cuando se dicte el fallo de fondo”, señalaron a LPO fuentes cercanas al grupo Clarín.
De todos modos, según pudo saber LPO, este tema también podría terminar definiendolo la Corte, que en definitiva deberá pronunciarse tanto sobre la constitucionalidad de los artículos que impugnó Clarín de la ley de medios, como sobre la extensión de la cautelar.