En su apelación, el Grupo Clarín destacó la
"arbitrariedad" del dictamen que, a su juicio, "no tomó en
cuenta" todas las pruebas presentadas en los más de 3.000 folios
contentivos del expediente. De igual manera, el grupo consideró
"erróneas" y "tergiversadas" las citas de jurisprudencia y
doctrina nacional e internacional utilizadas por el juez.
Asimismo, el grupo planteó que, al omitir pruebas, el juez
Alfonso avaló "las limitaciones de la Ley de Medios" que
"configuran un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la
información" en Argentina.
Además, para el diario Clarín, Alfonso no realizó el control
de "constitucionalidad" de la norma jurídica, a pesar de ese era el
planteamiento central de la demanda. El conglomerado mediático consideró que el
magistrado omitió el contexto de "hostigamiento y aplicación selectiva de
la ley" que de acuerdo a la jurisprudencia "configura un caso de
censura indirecta en los términos de la Convención Americana de Derechos
Humanos".
Clarín demandó la inconstitucionalidad de dos artículos de
la ley. En diciembre, el juez anunció el rechazo a la solicitud del grupo.
