En reunión de trabajo sobre la situación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria en Paraguay con representantes del Estado de este país ante la CIDH admitieron la necesidad de revisar las propuestas de reformas a la Ley de Telecomunicaciones 642/95, con media sanción en la Cámara de Diputados y próximas a discutirse en el Senado, las cuales implican medidas discriminatorias y que violan los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano en la materia.
Dicha reunión solicitada por AMARC ALC a través de su
Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación como peticionaria, fue
una oportunidad para mostrar que la propuesta de reformas a la Ley son
discriminatorias y contrarias a los estándares en la materia, así como a las
últimas recomendaciones sobre radiodifusión y libertad de expresión contenidas
en el informe 2009 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión.
Por su parte la Relatora de Libertad de Expresión de la
CIDH, Catalina Botero, indicó que tanto las limitaciones de potencia como las
restricciones para que los medios comunitarios tengan acceso a recursos
económicos a través de la publicidad configuran criterios no razonables y que
discriminan al sector comunitario quien debe de contar con las garantías para
su desarrollo.
Ante el peligro de que las sanciones para la radiodifusión no
autorizada se establezcan procesos penales y los cuestionamientos al respecto a
la delegación del Estado paraguayo, ésta manifestó que dicha propuesta fue
retirada de la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, y aceptaron que
la vía penal no está justificada y que resulta una medida desproporcional,
especialmente cuando se trata del ejercicio de la libertad de expresión.
AMARC ALC solicitó que Paraguay armonice su legislación en
la materia a fin de que se apegue a los establecido en la Convención Americana
de Derechos Humanos y de los Principios de Libertad de Expresión, por lo insta
a dicho Estado a cumplir con su compromiso ante la CIDH de reformar la
propuesta de ley a discutirse en el Senado y garantizar el pleno ejercicio de
la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria.