Una sentencia del Tribunal de Justicia europeo de la semana pasada declaró ilegal la tasa que numerosos municipios españoles imponen a las compañías de telefonía móvil por el uso de infraestructuras de telecomunicaciones colocadas en su territorio.
En algunos casos, como el
Ayuntamiento de Tudela, uno de los derrotados en litigio, el canon pagado por
Vodafone se elevó a 41.348 euros en 2008 y del Orange (filial de France
Telecom) a 21.830 euros. Las dos operadoras impugnaron la tasa y han logrado
anularla.
El razonamiento de los
jueces par dar la razón a las operadoras se basa en que los consistorios
estaban sometiendo a las empresas a una doble imposición. Por un lado, cobran
una tasa a la que compañía que coloca las antenas de telefonía, que no siempre
es la misma que las utiliza. Y por otro, a la compañía que alquila el uso de
esa instalación. En este último caso, la empresa abona el canon por vía directa
y por vía indirecta.
La sentencia de
Luxemburgo es fruto de una consulta prejudicial cursada por el Tribunal
Supremo, que es el encargado de dirimir el pleito original entre Vodafone
España y France Telecom España contra varios ayuntamientos (Tudela, Santa
Amalia y Torremayor).
Los jueces españoles
deberán ahora dictar un fallo definitivo siguiendo el dictamen comunitario.
