"El 7 de diciembre es la fecha límite para la libertad de prensa. Los medios deberían unir sus voces en contra de esta amenaza intolerable a la prensa independiente", ha declarado Alejandro Miro Quesada, del diario peruano 'El Comerio', y miembro de la comisión directiva de GEN. Y considera que "el ataque a 'Clarín' es símbolo de la presión política a la que están sometidos los medios de toda la región".
Es de recordar que la ley argentina de medios audiovisuales fue aprobada por el parlamento y promulgada en 2010, pero su aplicación está retrasada por varios recursos puestos en la Justicia. La norma, basada en el espíritu del informe del Premio Nobel de la Paz Sean MacBridepara la Unesco, 'Voces múltiples, un sólo mundo', establece la redistribución de las licencias en tres tercios a cada sector: privado, público y sociedad civil.
A raíz de esa ley varios medios privados, hasta ahora mayoritarios, deberán desprenderse de algunas emisoras traspasándolas a eventuales interesados. Según los diarios opositores 'Clarín' y 'La Nación', nadie puede comprar esas licencias si antes no tiene amarrada con el Gobierno una buena cuota de propaganda oficial, para lo cual está obligado a ponerse en sintonía política con la Casa Rosada.
El grupo 'Clarín' presentó un recurso de amparo en la justicia y, a la vez, planteó la inconstitucionalidad de la nueva ley. Con ello ha conseguido paralizar el artículo 161 que le obliga a desprenderse de algunas licencias de televisión en Buenos Aires y varias provincias.
Pero ante un recurso del Gobierno la Corte Suprema puso de plazo hasta el 7 de diciembre para que Clarín y otros grupos cumplan con ese artículo, si antes no consigue un fallo a favor de su reclamo de inconstitucionalidad.
Además, el Gobierno ya ha comunicado a las filiales de Prisa y Telefónica que deberán adecuar sus inversiones en medios de comunicación audiovisuales de Argentina a la nueva ley del sector, que prohíbe poseer más de una licencia de emisora de televisión y de radio en cada ciudad.
Telefónica es adjudicataria de Telefé en la capital porteña y ocho canales más de televisión abierta en provincias. Las autoridades cuestionan, además del número, que se trate capital extranjero en su totalidad -la norma sólo permite hasta un 30%- y que el propietario preste a la vez un servicio público, algo prohibido por la ley.
Prisa cuenta con las licencias de radio Continental en Buenos Aires –la quinta AM más oída, que compró a Telefónica- y otras cuatro emisoras aquí y en otras ciudades. En su caso, los cuestionamientos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se refieren a la duplicidad de frecuencias y la mayoría de capital extranjero.
Prisa empezó a invertir durante el Gobierno del presidente Fernando de la Rúa y trajo la edición internacional de 'El País' y a la editorial Santillana a Buenos Aires.
Fuente: El Mundo
