La Corte Suprema de Justicia argentina dejó firme la medida cautelar que frena la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 161, aprobada por el Congreso y promovida por el poder ejecutivo.
En un fallo por unanimidad, la corte desestimó el recurso que había presentado el gobierno contra la medida cautelar del juez Edmundo Carbone, a quien le fijaron dos años de plazo para que se resuelva el fondo de la cuestión.
Carbone había actuado tras un pedido del Grupo Clarín, dado que ese artículo fija un plazo de un año para que los grupos de medios se desprendan de las licencias que exceden lo estipulado por la legislación.
De haberse aplicado la reforma desde su aprobación legislativa, el Grupo Clarín ya habría dejado su posición dominante en Argentina, en donde opera alrededor de 250 licencias de radio y televisión, más televisión por cable.
La nueva Ley, que queda frenada por decisión de la Justicia, establece que las empresas sólo pueden operar 10 licencias de televisión abierta y tres señales audiovisuales en una misma área de cobertura.
Ahora, un juez se hará cargo del problema de fondo y tendrá un plazo máximo de dos años para decidir si las empresas pueden vender en sólo un año las licencias que ya no pueden operar debido a la nueva normatividad.
Esto le permite a Clarín seguir controlando todas las licencias que posee actualmente, ya que sólo deberá modificar su composición cuando el juez encargado de la causa dé su fallo, lo que podría ocurrir hasta 2011.