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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) abrió un pliego de cargos al Estado colombiano por no haber cumplido un fallo favorable a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) en un cuantioso litigio con la antigua Comunicaciones Celular (Comcel).
El contencioso entre la
ETB y la telefónica Comcel, ahora agrupada bajo la marca Claro, se remonta a
2006, cuando la compañía pública de la capital colombiana se vio obligada a
cumplir con tres laudos arbitrales en favor de la otra empresa y por cuantía de
más de USD111,14 millones.
El litigio se derivó de
diferencias en los pagos de interconexión por llamadas telefónicas del exterior
que tenían como destino un teléfono móvil en el país, para lo cual la ETB y
Comcel firmaron un contrato sobre unión de redes en 1998.
Las partes acordaron una
suma de dinero que después de incrementó por una reglamentación de la Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia (CRC).
Un proceso arbitral en
Colombia, que implicó tres laudos, obligó a la ETB a reconocer a Comcel las
tarifas por minuto adoptadas posteriormente por la CRC.
El caso llegó a la
corporación judicial andina, que en una decisión del 26 de agosto de 2011 le
ordenó al Consejo de Estado de Colombia "dejar sin efectos las sentencias
que resolvieron los recursos de anulación y declarar la nulidad de los laudos
arbitrales, por violar el debido proceso".
El Estado colombiano
recibió entonces un plazo de noventa días para acatar la sentencia, término que
expiró el pasado 23 de diciembre.
Una fuente de la ETB dijo
a Efe en Bogotá que el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de la
justicia contencioso administrativa en el país, no adoptó ninguna decisión.
Por ello, el tribunal
andino abrió el pasado febrero un proceso contra el Estado colombiano que
avanzó esta semana hasta la apertura de un pliego de cargos, agregó la misma
fuente.
En el auto, el tribunal
andino formula a Colombia "el cargo de incumplimiento" de su
sentencia del pasado agosto.
Por Juana Pulido