AMARC pide derogar cárcel para radios comunitarias en Chile

En el marco de la tramitación del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, donde se discute la eliminación del artículo 36b, letra a, que penaliza la radiodifusión no autorizada, uno de los representantes de la mesa AMARC CHILE, Raúl Rodríguez, fue recibido el martes 16 de abril por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre la importancia de derogar este articulado con 22 años de vigencia en la Ley General de Telecomunicaciones.
Raúl Rodríguez, periodista e investigador del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, valoró los avances que se han dado: “En base al derecho internacional argumenté sobre la improcedencia de la acción penal a un acto de libertad de expresión como es comunicar a través de las frecuencias de radios, como también sobre la proporcionalidad que debe tener la sanción de acuerdo a la naturaleza del actor y la infracción cometida”. 

Raúl Rodríguez, representante de la Mesa de AMARC Chile, compuesta también por Juan Ortega, de ECO, Vicky Quevedo, de Foro Ciudadano, y Rodrigo González, de Radio Konciencia, quienes lideran la red en Chile con más de 30 radios, celebró el acuerdo con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, y el Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, Luis Pardo, en orden a disminuir la multa de 5 Unidades Tributarias Anuales, UTA ($ 2.500.000 de pesos chilenos aproximadamente) en su cota máxima a 5 Unidades Tributarias Mensuales, UTM ($150.000 pesos chilenos aprox.): “esperamos que sea una realidad. Se enviará una indicación única que será votada a fines de abril por la comisión antes de pasar a la sala de Diputados para su sanción final. Si es así lograremos que la sanción sea proporcional a la falta, lo cual va en la línea de las recomendaciones de las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU”.

Al respecto, Luis Pardo, Presidente de la ARCHI, gremio que agrupa a las radios comerciales, manifestó que "hemos podido avanzar tanto en la ley de radios comunitarias como en materia de despenalización a partir en un diálogo franco y abierto, donde ha quedado de manifiesto el interés de AMARC de eliminar las sanciones penales y de hacer más asequible el espectro radioeléctrico. Nosotros hemos estado de acuerdo en eliminar la pena de cárcel y mejorar la legislación, pero tenemos la legítima preocupación de que si se abre absolutamente el espectro, sin que exista ninguna restricción, los afectados serán los pequeños radiodifusores, la radios comunitarias y la ciudadanía en general que quiere escuchar sin interferencias”.
En el marco de estos avances en la tramitación fue publicado el informe anual 2012 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que en su capítulo chileno manifestó su complacencia por la derogación aprobada en 2012 por la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, donde comenzó la discusión del proyecto de Superintendencia de Telecomunicaciones. Así el informe junto con valorar advierte que “la Relatoría Especial pone de presente que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal”.

Asimismo, en relación con la preocupación y rechazo que manifestó AMARC Chile e Internacional por el aplazamiento en 6 meses de la Ley de Radios Comunitarias (2010), el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, acogió la demanda también de la ARCHI, para que esta postergación no retrase el proceso de migración. En este sentido, la autoridad aseguró que se enviará una indicación única y con suma urgencia para que la migración sea una realidad y la ley no espere otro año más sin ser aplicada.

AMARC Chile postergar Ley de medios

El capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Chile) rechazó públicamente el posible aplazamiento parlamentario de 180 días al proyecto de ley que creó los Servicios de Radio Comunitaria y Ciudadana.

"En el marco de la ley de radio Comunitaria y Ciudadana promulgada el 4 de mayo de 2010, las radios comunitarias concesionadas llevan casi 3 años en trámites de migración de frecuencias al carril asignado a las ex radios de Mínima Cobertura sin que tampoco se abran concursos públicos para la entrada de nuevos actores. Esto ha sometido a la radiofonía comunitaria en Chile a una incertidumbre, donde no ha existido ley operativa que rija su funcionamiento, manteniéndose en el limbo legal.

Por lo demás, esta nueva legislación no se adecúa a los estándares de libertad de expresión, que tanto las relatorías de la ONU y de la OEA han señalado en sus informes anuales, donde llaman a los Estados a promover marcos regulatorios democráticos, inclusivos y equitativos entre todos los actores de la comunicación. En este contexto, la mantención del artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones, que penaliza la transmisión sin licencia con decomiso de equipos, multas y penas de cárcel para los radialistas infractores, es un acto inhibitorio para ejercer el derecho a comunicar, más aún si en Chile no existen condiciones para desarrollar medios de comunicación por parte de la sociedad civil. Si bien valoramos la derogación aprobada en la Comisión de Ciencia y Tecnología en 2012, en el marco de la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la práctica aún faltan varios trámites legislativos para hacer realidad la derogación de este artículo, que ha sido funesto para el desarrollo de las radios comunitarias a 22 años de su incorporación a la Ley General de Telecomunicaciones

Un nuevo aplazamiento de 180 días, como lo señalan las indicaciones hechas por un grupo de diputados de diversas bancadas políticas, que se suma a la postergación en febrero de 2012 hasta el 15 de noviembre del año pasado, lo único que logra es darles más facilidades a actores que buscan el lucro ocupando frecuencias destinadas al sector social, vicio legal que se produjo en más de 16 años de Ley de Mínima Cobertura. Asimismo otorga tiempo a las radios municipales para transferir a organizaciones sin fines de lucro cuando, en estricto rigor, lo municipal no es comunitario. En razón a esto el Estado debe discutir sobre la naturaleza de lo comunitario y sobre el fomento de medios públicos en Chile.
Asimismo, la demora en la puesta en marcha de la ley 20.433, muestra una vez más las debilidades del marco legal propuesto por el gobierno y ARCHI, lo que evidencia la ineficacia de la gestión del Estado en su rol de regulación y adecuación de frecuencias, para con el sector social que busca administrar medios sin fines de lucro.

Esta actitud negligente para el fortalecimiento de un sector desarrollado de medios comunitarios, contrasta con las facilidades y permisividades que se da con el sector comercial, fomentando la concentración económica de la propiedad de los medios con riesgos evidentes para la diversidad y el pluralismo informativo en democracia.
AMARC Chile rechaza categóricamente que la Cámara de Diputados haya aprobado por 91 votos, la ampliación del plazo para que las radios de Mínima Cobertura se acojan a la ley 20.433. Esta acción da cuenta de la falta de entendimiento de los parlamentarios de la situación actual de la radio comunitaria y de las acciones que las benefician o perjudican directamente".

AMARC pide incluir radios comunitarias en reformas de México

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) pidió a los legisladores de Mexico para que en la reforma constitucional sobre telecomunicaciones se concrete en el reconocimiento del derecho de los medios comunitarios a operar en un marco legal adecuado a sus características.

"El CI de AMARC ha seguido con interés la información, los posicionamientos y los debates que ha generado el anuncio de la presentación de la propuesta de una reforma en telecomunicaciones a la Cámara de Diputados.

En dicha propuesta se está previendo el reconocimiento de los medios comunitarios a través de las concesiones de uso social, hecho que nos parece se suma relevancia, ya que sabemos que la función de la radio, y en especial de la radiodifusión comunitaria, es dar cabida a los sectores históricamente marginados, propiciando un espacio público informativo para su quehacer ciudadano.

Es por demás alarmante que a los pueblos indígenas se les ha negado su derecho a operar sus propios medios de comunicación, herramienta indispensable en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, derecho por demás reconocido en el artículo 2o de la Constitución Mexicana y deuda histórica del estado mexicano con esas comunidades.

Por lo anterior consideramos que México se encuentra en un momento clave para transformar las relaciones establecidas entre el Estado, los agentes privados y la ciudadanía en el ámbito de las comunicaciones y en relación al ejercicio de la libertad de expresión. Ustedes, representantes del pueblo mexicano, tienen hoy la oportunidad de iniciar un nuevo periodo en la historia de los medios de comunicación en su país, llevando la propuesta constitucional a las leyes reglamentarias correspondientes.

Tenemos la certeza de que en México es posible un sistema de medios mucho más plural e incluyente que reconozca las distintas voces y los diversos sectores sociales en los medios de comunicación".

AMARC advierte que ley criminaliza a las radios comunitarias en Brasil

AMARC Brasil declaró que "la ley de radiodifusión comunitaria criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión de las emisoras".

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Brasil (AMARC Brasil) realizó su quinto seminario regional sobre derecho a la comunicación este miércoles en Brasilia.

Para los integrantes de radios comunitarias de ese país, la actual legislación del sector dificulta la sobrevivencia de las emisoras.

Octavio Pieranti, representante del Ministerio de las Comunicaciones, reconoció que la norma vigente no responde a la realidad de las radios comunitarias. Apuntó a la entrega de licencias municipales como un avance en la materia. 

El funcionario aseguró que desde 2011, hubo llamados a licencias para nuevas radios en 856 municipios. Señaló que en las dos últimas convocatorias, el 70 % de las localidades no hizo peticiones.

João Brant, del Colectivo Intervozes, expresó que en Brasil las radios comunitarias tienen un límite de potencia de 25 watts, 1 km de área de cobertura y una sola licencia por municipio.

Claudecir Zilio, de Radio Metropolitana FM de Juína del Mato Grosso, se sumó al reclamo de los comunicadores por la prohibición de emitir publicidad en ese país.

Arthur William, representante nacional de AMARC Brasil, afirmó "la ley actual representa un retroceso que no combina con el momento actual de la democracia brasileña".

Asimismo, William reclamó garantizar el derecho a la comunicación con políticas públicas en Brasil.(PÚLSAR)

Ursec hace llamado para adjudicar de 21 frecuencias en Uruguay

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) hizo un nuevo llamado para la adjudicación de 21 frecuencias, todas en el interior de Uruguay.

La filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) ha expresado que existen "dificultades" en el proceso de adjudicación de las frecuencias cada vez que se realiza un llamado.
En un comunicado publicado a fines de septiembre, la Amarc hace públicas las "dificultades" que han tenido desde el "inicio" con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria para su "funcionamiento".
Este organismo fue creado por la ley de radiodifusión comunitaria con el objetivo de "garantizar la transparencia en la adjudicación de las frecuencias".
Según la Amarc, la Ursec no ha realizado una difusión adecuada de las audiencias para el otorgamiento de las frecuencias, lo que pondría "en riesgo la transparencia en la adjudicación de las frecuencias y las garantías para garantizar el derecho a la libertad de expresión", dijo la asociación, según cita El País Digital.

PRISA no despeja frecuencias para dar cabida a Radios Comunitarias en Chile

Grupo PRISA Radio se niega a despejar frecuencias y condiciona la aplicación de la ley de Radios Comunitarias en Chile, según capitulo Chile de AMARC.

Desde que el 4 mayo de 2010 se promulgara Ley 20.433 de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones convocó a los grupos y empresas de radio en Chile a una mesa técnica para reordenar el espectro de frecuencias en el país y despejar el segmento asignado en la nueva ley a las radios comunitarias, que en el caso de Santiago va entre el 105.9 y el 107.9 FM, con potencias de hasta 25 watts.

Pese a que inicialmente había dado su consentimiento, el 21 de agosto de 2012, el consorcio Iberoamericana Radio Chile, del grupo español PRISA, se opuso a firmar una propuesta de acuerdo, en la cual gran parte de los radiodifusores y la Subtel trabajaron durante más de un año.

Dicho acuerdo, que implicaba para el grupo PRISA modificaciones técnicas de carácter menor, permitía a Subtel mover algunas de sus estaciones de radio en las regiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, Novena, Décima, Decimoprimera, Decimosegunda, Decimocuarta, Decimoquinta y Metropolitana,  facilitando la plena aplicación de la nueva legislación.

PRISA aduce que mientras no se resuelva la situación legal de renovación que enfrentan en la Corte de Apelaciones de Santiago algunas de sus 211 frecuencias en Chile, no “aprobará” las propuestas de despeje.

Vía Radio Tierra

Derogan en Chile penalización de radiodifusión comunitaria sin licencia

La comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de acuerdo que despenaliza la radiodifusión sin licencia, cambiando el carácter de delito a falta.

El capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), valoró la iniciativa, pero afirmó que es “sólo un paso para terminar con la criminalización de las radios comunitarias”.

De manera unánime, los integrantes de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja aprobaron la moción presentada por los diputados Hugo Gutiérrez y María Antonieta Saa, que elimina la pena de cárcel a los comunicadores de radios comunitarias.

Además, la propuesta rebaja las multas a 60 UTM a quienes exploten servicios de telecomunicaciones de libre recepción y de 24 a quienes permitan la emisión de ondas sin licencia en su vivienda o vehículo.

El vocero de Amarc Chile sostuvo que “la despenalización tiene que ser completa”, por lo que indicó que urge avanzar “de manera más radical en el proceso de cambios del sistema de medios”.

“Se puede avanzar mejor, mucho más en la democratización del espectro radioeléctrico y el mapa de la utilización de la frecuencia, que es muy importante que el Estado lo dé a conocer, y, por otra parte, que también las sanciones, faltas o multas que se le apliquen a la radiodifusión sin licencia tienen que ser las menores posibles, que no impidan el desarrollo o el giro del medio de comunicación comunitaria”, indicó el periodista.

El proyecto que elimina las penas de cárcel para los comunicadores comunitarios deberá pasar a la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Corporación, para luego ser votado en Sala. Posterior a esto tendría que ser despachado al Senado para su aprobación final.

AMARC exige que Brasil considere a las radios comunitarias como medios públicos

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Brasil exigió durante un seminario sobre regulación de la comunicación pública celebrado en ese país, considerar a las radios comunitarias como medios públicos.

Durante el Seminario Internacional sobre la Regulación de la Comunicación Pública que se celebró en la capital brasileña y en el que participaron representantes de medios públicos y de movimientos sociales, AMARC señaló que al considerar a las radios comunitarias como medios públicos se promueve el acceso al derecho a la comunicación.

Según la organización, este acceso puede lograrse mediante un nuevo Marco Regulatorio de las Comunicaciones. Por tal motivo, AMARC presentó propuestas para impulsar una nueva legislación de la Comunicación en Brasil.

Por su parte, Dioclécio Luz, consejero de AMARC Brasil, afirmó que la inclusión de las emisoras comunitarias a la comunicación pública significa una salida al problema de la sostenibilidad de las redes.

En ese sentido, exigió que las radios comunitarias tengan la posibilidad de recibir publicidad de organizaciones públicas y estatales.

Vale decir que esa posibilidad se encuentra prohibida por la Ley de Radiodifusión Comunitaria de Brasil de 1998. Según AMARC, la prohibición de la publicidad dificulta el trabajo de las radios comunitarias.

El documento final del Seminario destacó la necesidad de independencia de los organismos públicos de radiodifusión frente a los gobiernos. Asimismo, apuntó a la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación con carácter deliberativo y participación democrática.

Por último, hizo un llamamiento a regular el artículo 223 de la Constitución Federal brasileña. Dicho apartado establece complementariedad entre los sistemas público, privado y estatal de comunicación.