Tras la presentación de la propuesta del presidente del Poder Judicial de Perú, César San Martín, del polémico proyecto de ley por el cual se impediría la difusión de audios, y videos donde se muestran hechos dudosos, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación por que se penalice la difusión de las comunicaciones interceptadas ilícitamente, y solicitó la modificación de una cláusula por considerarla atentatoria contra la libertad de expresión.
La propuesta, que busca cambiar el artículo 162 del Código Penal, ha causado una fuerte polémica entre los empresarios de medios, quienes advierten un intento de amedrentar a los periodistas e, incluso, dejar abierta una posibilidad de clausurar a los medios de comunicación.
Ante ello, el IPYS criticó que en parte de la norma se estipule la “exención de pena”, pero bajo la discrecionalidad de los jueces, lo cual, según la misiva remitida a
“El ejercicio legítimo de un derecho como el de libertad de expresión se halla exento de responsabilidad -no solo de pena- en nuestras leyes (…) y esto podría incriminar a fuentes que, sin haber realizado actos ilícitos, proporcionan información”, indica la carta.
Por su parte, San Martín lamentó algunos comentarios. “Hemos escuchado y hemos leído algunas críticas que nos parecen desafortunadas, porque creo que no han hecho una revisión integral de la propuesta modificatoria”, manifestó al explicar los alcances de la iniciativa legal.
Por ejemplo refirió que este proyecto tuvo su gestación desde el caso del empresario Alberto Químper, cuyas conversaciones privadas sobre lobbies irregulares en temas de hidrocarburos generaron un debate público sobre el uso de esas grabaciones recogidas de manera ilegal y que en Perú fue conocido como el caso de los “Petroaudios”.