Guerra de opiniones entre canales 10 y 12 por la televisión satelital en Uruguay

La empresa de TV cable uruguaya Nuevo Siglo, vinculada a canal 12, rechazó las expresiones del presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Rafael Inchausti, directivo de canal 10, en un carta dirigida a esa gremial en la que cuestiona la postura de su titular, según informó El Espectador.

En la nota se critican los dichos de Inchausti, quien considera “legítima la postura del Poder Ejecutivo de negar a empresas de cable nacionales la licencia de datos” para ofrecer servicio de internet.

Desde Nuevo Siglo se entiende que los dichos del presidente de Andebu ignoraron que la decisión del Poder Ejecutivo de negar este permiso fue “duramente criticada” por afiliados a la gremial.

Además, la carta de Nuevo Siglo señala que al apoyar Inchausti “la actitud del Poder Ejecutivo”, el titular de Andebu está “definiendo y defendiendo la posición del grupo al que está empresarialmente vinculado”, canal 10, por lo que queda como defensor del “injustificado monopolio que se le permite mantener a la empresa estatal”, ANTEL.

Según recordó El Espectador, la empresa de TV Cable TCC, vinculada a Canal 10, ya está habilitada para ofrecer el servicio de cable e internet al firmar un acuerdo con ANTEL, lo que aún no han alcanzado los demás cableoperadores.

Nuevo Siglo también expresa en su carta que cuando Inchausti fue consultado sobre la contradicción de que las empresas pidan libertad y competencia en el mercado de datos al tiempo que se oponen a que la firma Claro pueda ofrecer el servicio de televisión digital, éste debió destacar que “la única y verdadera contradicción” es que en Uruguay las multinacionales podrán ofrecer el “tan preciado triple play (telefonía, Tv cable y datos) (…) cuando las empresas nacionales de cable que han invertido decenas de millones de dólares y dan trabajo a miles de uruguayos, sólo podrán seguir dando sus servicios de cable tradicional”.

Andebu acusa a Movistar por receptores ilegales en Uruguay

El presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu), Rafael Inchausti acusó a Movistar de no impedir la instalación de decodificadores ilegales para recibir señales de Televisión Directa al Hogar (DTH), proveniente de las operaciones de Telefónica en otros mercados, como Brasil y Chile.

Inchausti agregó que si el gobierno le adjudicara a Movistar una autorización para brindar servicios DTH se procedería sobre la base de una ilegalidad ya que las operaciones de la empresa estarían facilitadas por la introducción y la instalación de estos decodificadores en forma ilegal.

Movistar solicitó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) licencia para prestar DTH en Uruguay, tal como la obtuvo Claro, de América Móvil, quien ganó un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para la habilitación.

Andebu objetó cesión de permiso a Claro TV

Con el objetivo de impugnar el ingreso de las telefónicas Claro y Movistar al mercado de la TV satelital, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) presentó ayer ante la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (Ursec) un documento en el que instó al gobierno a tomar las resoluciones administrativas necesarias para cerrarle el paso a esos potenciales competidores.


El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) revocó una resolución del Ministerio de Industria del año 2009, que había dejado sin efecto la resolución que tiempo antes había emitido la Ursec para autorizarle a Claro la transmisión de TV satelital en todo el país. Poco después, Movistar hizo saber de su interés por explotar el mismo servicio.

Ante esa decisión, Andebu y el Poder Ejecutivo –antes enfrentados por la asignación de nuevas frecuencias para explotar TV digital abierta– hicieron frente común. El gobierno no quiere empresas que presten servicios telefónicos y de TV satelital a la vez, y Andebu la considera una competencia peligrosa.

Andebu impugnará la licencia de Claro

Rafael Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) señaló en una entrevista a El Observador, que el fallo del Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA) que autorizó a Claro a ofrecer servicios de TV paga, no analiza la licencia original que le había otorgado la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec). 



Resaltó que mientras que la posición mayoritaria interpreta el fallo como una anulación a la revocación que hace renacer la autorización original, existe una posición minoritaria que considera que éste tiene un efecto declarativo, por lo que la Ursec debería otorgar una nueva licencia a Claro. “No renace la autorización porque esta fue revocada, dejó de existir en el mundo jurídico”, apuntó. 

Inchausti señaló que en caso de que el Poder Ejecutivo acepte como válido el fallo del tribunal, Andebu impugnará la resolución originaria de 2009. El presidente del organismo indicó que si Claro y Movistar entran al mercado de TV Paga, “sería mucho más dificultoso para los operadores uruguayos continuar prestando servicios, en la medida que estas grandes corporaciones puedan ofrecer precios más baratos por señales caras”.

Vía Telesemana

Andebu comenzó negociaciones para evitar canon a TV y radios

La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) comenzó las negociaciones con el Poder Ejecutivo para intentar que se evite la idea de aplicar un canon a las radios y canales de televisión por el uso del espacio radioeléctrico.

El costo que deberán afrontar los medios está establecido en la Rendición de Cuentas e ingresó el sábado 30 al Parlamento. Además, el documento establece que los canales deberán destinar 15 minutos diarios en forma gratuira a la emisión de campañas de bien público estatal.
Según expresó a "El Observador" el presidente de Andebu, Rafael Inchausti, los medios de comunicación "ya pagan" distintos costos por el uso de la frecuencia a la Unidad Reguladora de Servicios en Comunicaciones (Ursec).
"Esto parecería que va por el camino de fijar un precio además por el uso de la frecuencia por el que hacen llegar los contenidos a los usuarios. Tradicionalmente los medios no pagaban por esto porque prestan un servicio de interés público y el uso que hacen de la frecuencia es para dar ese servicio", manifestó.
Añadió que la "razón de que sea gratuito es que corresponde a un uso gratuito por parte de los usuarios. Creemos que ese es el criterio apropiado".
Además, indicó al matutino que existe una "contradicción" entre el cobro del canon y la obligatoriedad de emitir servicios estatales gratuitamente.
"Si se propone fijar un precio a los medios por el uso de la frecuencia, ¿cómo se justifica y sobre qué se argumenta que se les obligue a prestar un servicio gratuito al Estado", preguntó.

Las TV comerciales se oponen a participar en licitaciones y a licencias limitadas en Uruguay

Andebu se opone a que la licencia para explotar la TV digital se limite a 15 años y a tener que participar en licitaciones para acceder a la señal. 

Andebu estima que el decreto "no asegura la
continuidad de los actuales operadores".

Rafael Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), dijo a El País que el decreto "no conforma completamente ni a la Asociación ni a los canales", dado que "no asegura la continuidad de los actuales operadores".

Según Inchausti, el decreto implica una "pérdida de licencias" para los actuales operadores, porque "autoriza a los canales a continuar prestando un servicio digital en calidad estándar, cuando los operadores entienden que el cambio de tecnología no debería implicar una limitación en las posibilidades que ofrece la incorporación de esa tecnología digital".

Actualmente, para emitir una señal de televisión en formato analógico se requieren 6 Mhz del espacio radioeléctrico. Sin embargo, mediante la tecnología digital se pueden emitir varias señales y en alta definición en el canal de 6 Mhz.

Inchausti cree que los canales deben continuar explotando el canal entero de 6 Mhz. "Para poner un ejemplo, si en algún momento el Estado decidiera que los taxis tuvieran que pasar de motor a combustión a motor eléctrico, eso no debería implicar que los actuales titulares de los taxis perdieran sus licencias o se vieran restringidos en la posibilidad de usar la nueva tecnología", comentó.

Por otra parte, los operadores también se oponen a que las licencias sean otorgadas por un período de 15 años. "Establecer un límite temporal de 15 años implica incorporar una limitación a la libertad de dedicarse a una determinada actividad", comentó Inchausti. "Si bien reconocemos que el Estado tiene facultades para establecer limitaciones en determinadas situaciones a las libertades de los individuos, eso se debería hacer por razones de interés general y a través de una ley y no un decreto", señaló.

La norma establece que luego de los primeros 15 años, los operadores pueden renovar la licencia por otros 10 años. "En cada renovación se tendrá en cuenta la evaluación del cumplimiento de las condiciones y compromisos asumidos por el operador en su plan comunicacional", señala el texto.

Empresarial de radio y TV denuncian como ilegal decreto de TV digital en Uruguay

La Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayos (Andebu) envió un un informe al Ministerio de Industria, Energía y Minería de ese país señalando varias posibles ilegalidades en el proyecto de decreto de televisión digital elaborado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel).

La asociación  empresarial de televisión y radio adviertió, además, que la asignación de hasta 20 canales digitales en Montevideo y de hasta nueve canales digitales en cada capital departamental “provocaría una inmediata saturación del mercado publicitario, único ingreso del que disponen los medios de radiodifusión privados para llevar adelante su actividad, poniendo en grave riesgo la sustentabilidad económica de los actuales y futuros emprendimientos”.

Los empresarios también cuestionan que se fije un plazo en las concesiones que antes no existía, ya que Dinatel propone ahora que las nuevas autorizaciones tengan 15 años de plazo con “opción de revocación por parte del Poder Ejecutivo”.

Para Andebu, esa nueva reglamentación “resulta contraria a disposiciones consagradas por nuestro ordenamiento jurídico, verificándose, en nuestra opinión, un claro incumplimiento por parte del Estado, pasible de irrigar graves perjuicios a los actuales operadores”.

Luego el documento reclama que se asegure la continuidad de los servicios que brindan los actuales permisarios en iguales “o al menos similares” condiciones a las actuales licencias.

El decreto también establece obligaciones para los titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital comercial de todo el país. Entre ellas figura “habilitar el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público por parte de organismos públicos estatales y no estatales”; “incluir, sin costo, acceso a servicios conexos e interactivos provistos por el Estado tales como aplicaciones de gobierno electrónico, de salud o educación, entre otros, los cuales serán desarrollados bajo responsabilidad y presupuesto de los organismos estatales involucrados”; “promover la producción de contenidos y aplicaciones nacionales, y el uso de recursos humanos nacionales: artísticos, profesionales, técnicos y culturales” y “brindar, de manera progresiva, accesibilidad a personas con discapacidades visuales y auditivas a los servicios ofrecidos”.

La exigencia de contraprestaciones, según Andebu, debe ser fijada por una ley y no por un decreto. Además se oponen a que se traslade a los operadores obligaciones que corresponden al Estado.

Según el informe de la gremial, el plazo fijado para el “apagón analógico” (21 de noviembre de 2015) es “absolutamente insuficiente”. El informe recuerda que la población deberá adquirir los televisores digitales ya que los actuales equipos quedarán obsoletos. “La decisión de proceder a establecer el plazo de finalización de las transmisiones digitales, es decir, el apagón analógico, debiera estar directamente relacionada con el nivel de penetración que la misma vaya teniendo en la población uruguaya”, afirma.

El artículo 19 del decreto autoriza “a Televisión Nacional Uruguay (TNU) y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), individual o conjuntamente si así lo acuerdan, como los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión a titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital que no dispongan de ella”.

Para Andebu, ese artículo “está estableciendo ilegítimamente la conformación de un monopolio a favor de los mismos, apartándose claramente de lo dispuesto en el inciso 17 del art. 85 de la Constitución, en cuanto establece que la implementación de un monopolio por parte del Estado requiere norma de rango legal, fijándose inclusive determinadas mayorías especiales en algunos casos”.

Fuente: 180.com.uy

Polémica entre Gobierno y Empresas por relevo en la Dinatel de Uruguay

Diversos actores del sector de las telecomunicaciones de Uruguay solicitaron al Poder Ejecutivo brinde una explicación sobre la destitución del titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Gustavo Gómez.

"En el área de las telecomunicaciones, Gómez ha promovido una concepción que apunta a garantizar la libertad de expresión, la libre circulación y la neutralidad en la regulación de Internet", dijo una declaración divulgada por la Coalición por una Comunidad Democrática, una asociación integrada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video (ASOPROD) y la Asociación de Radios Comunitarias (AMARC Uruguay), entre otros.

Más allá de los comentarios de las organizaciones sociales y académicas, la destitución de Gómez también generó repercusiones a nivel de las empresas que actúan en ese ámbito.

Para el jueves 18 estaba prevista una reunión entre la Asociación de Radios del Interior (RAMI), la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu) y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA).

El encuentro se suspendió por la ausencia de varios delegados. La intención es realizarlo en los próximos días, dijo el presidente de RAMI, Miguel Pose, quien aclaró que la institución no tiene posición fijada en torno al cese de Gómez.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, José Pedro Derrégibus, dijo que si bien con Gómez hubo más desacuerdos que acuerdos, el jerarca "escuchó" y trató "con respeto" al sector empresarial.

Broadcasters Uruguayos no quieren ley de medios

Tras una asamblea general de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), se aprobó la denominada "Declaratoria de Tacuarembó" que establece el rechazo de cualquier proyecto de ley que altere la libertad de programación de los medios de comunicación uruguayos.

"La radiodifusión privada y libre en Uruguay confía en el Poder Legislativo y también confía en la actuación de sus parlamentarios. Por ello espera que no prosperen proyectos que invocando una supuesta necesidad de "democratizar" los medios de comunicación, terminen siendo mecanismos para controlar la libertad de programación, el funcionamiento y la independencia de los medios, afectando asimismo el derecho de nuestra sociedad a elegir libremente los contenidos informativos, culturales y recreativos que ella considere más apropiados para satisfacer sus propias necesidades y preferencias", destaca El Avisador, al reproducir la Declaratoria de Tacuarembó.

De esta manera, la ANDEBU rechaza toda iniciativa de ley que pretenda controlar de forma directa o indirecta las funciones de la radiodifusión. Los broadcasters sostienen que ese tipo de iniciativas afectan a la independencia de los medios de comunicación y a los derechos de la sociedad a elegir libremente que tipo de programación quiere consumir.