El Grupo Clarín puede perder la licencia que le permite
explotar Canal 13 a causa de las irregularidades cometidas a partir de la
adjudicación con que lo benefició el gobierno de Carlos Menem, advirtió el
síndico general de la Nación, Daniel Reposo.
Reposo recibió de manos de José Carbonelli, ex delegado
sindical en el canal de televisión, documentación que respalda las numerosas
denuncias efectuadas por los trabajadores contra esa empresa. Reposo dijo que
de comprobarse la veracidad de las pruebas presentadas, se podría revocar la
licencia.
Las irregularidades van desde el precio al que el gobierno
de Menem le adjudicó el canal, hasta la ocupación a lo largo de dieciséis años
por Clarín del edificio que utiliza como estudio central de los Canales 13 y
Todo Noticias (TN), uso por el que nunca pagó alquiler ni tampoco ejerció la
opción de compra del predio. El prolongado tiempo que lleva usufructuando un
bien público, proyecta al principal grupo mediático de la Argentina a un
escalón superior al de los “ocupas” que tanto que condena.
Correo Argentino y Aguas Argentinas son dos antecedentes de
rescisión de contratos con empresas privatizadas. En el caso del servicio de
correspondencia entregado por Menem al grupo Macri, una de las razones por las
que el Gobierno nacional, en el mes de noviembre de 2003, revocó la concesión,
fue que Macri sólo había pagado los dos primeros cánones semestrales.
El proceso de traspaso de Canal 13 al Grupo Clarín se inició
tan pronto Menem asumió la Presidencia, cuando le entregó la intervención del
canal. Y culminó en apenas un semestre. Durante ese lapso, el Grupo Clarín fue
administrador y oferente a la vez.
Reposo recibió el pasado 27 de enero a un grupo de ex
trabajadores de Canal 13 encabezados por José Carbonelli, protagonista de una
larga lucha contra los abusos de Artear S.A., la empresa del Grupo Clarín que
concesionó el Canal 13.
El síndico general de la Nación ha hecho saber que a partir
de la documentación recibida, la SiGeN inició una investigación exhaustiva. Los
documentos que son objeto de análisis, permitirían comprobar la hipótesis de
que el Grupo se hizo con el control del canal de manera irregular.
Un antecedente que la SiGeN tendría en cuenta al momento de
evaluar la situación de la licencia, es el precio que Artear, la empresa con
que se presentó Clarín, ofreció por Canal 13. Ese valor (poco más de 5 millones
de dólares al cambio de entonces) habría sido la mitad del que pagó un año más
tarde para comprar un pequeño canal de cable de la ciudad de Avellaneda.
Daniel Reposo hizo público también que Artear nunca pagó la
cuantiosa deuda originada en reiteradas multas que le aplicó el ComFeR (Consejo
Federal de Radiodifusión). El ex presidente Eduardo Duhalde, en uno de sus
últimos actos de gobierno, le condonó las deudas.
La denuncia hecha por Carbonelli, sostiene que Artear se
hizo con el control de Canal 13 gracias a una licitación amañada, a pesar de lo
cual no cumplió con las obligaciones fijadas en los respectivos pliegos. Así,
en franca violación a la legislación laboral y a lo que disponían los pliegos
(que comprometían al adjudicatario a no despedir trabajadores por el plazo de
un año) Artear cesanteó personal a poco de hacerse cargo del canal.
“Despidió en total a unos 700 trabajadores, 500 durante el
primer año”, dice Carbonelli.
A las cesantías le siguió el desconocimiento de los niveles
salariales reconocidos por Proartel, la anterior licenciataria.
Artear rebajó los salarios y con esa medida, calcula el ex
delegado, ganó 7 millones de pesos-dólares, lo que le permitió “pagar un canon
que fue irrisorio y quedarse con la diferencia”.
“En pocos meses Artear llegó a facturar más de 30 millones
de dólares mensuales, lo que le permitiría lanzarse a la conquista del
monopolio de los canales de televisión por cable a lo largo y a lo ancho del
territorio argentino”, resume Carbonelli.
El ex delegado ratificó ante el síndico general de la Nación
las denuncias presentadas ante la Presidencia de la Nación y el Ministerio de
Trabajo, las cámaras de Diputados y de Senadores, el ComFeR y su sucesora, la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Carbonelli le dejó a Reposo copia de esa documentación, así
como de los dictámenes y resoluciones de la Justicia y las autoridades
administrativas y de control, que, sostiene, “comprueba la adquisición
irregular de la emisora por el Grupo Clarín, y la violación sistemática de los
pliegos de licitación”.
De las pruebas aportadas se destaca un dictamen de la
Auditoria General de la Nación de fecha 15 de Julio de 1996 que afirma que los
órganos de Control del Poder Ejecutivo, tales como el ComFeR y la Secretaría de
Medios de Comunicación, no cumplieron con su cometido.
Fuente: TelAm
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Por Juana Pulido